El grupo Ben Magec, Ecologistas en Acción, ha asegurado en la tarde de este martes que la actuación del Gobierno de Canarias con respecto al Bien de Interés Cultural (BIC) del Oasis de Maspalomas es “inmoral, indignante y no ajustada al derecho”. A través de un comunicado denuncia que el Gobierno regional haya antepuesto los intereses de grandes empresas y partidos antes que el beneficio de la sociedad y la preservación de la tierra.
La formación asegura no posicionarse a favor de ningún partido político pero se lamenta de que distintos enfrentamientos y luchas políticas perjudiquen a la petición del Cabildo de Gran Canaria para la aprobación del BIC por parte del ejecutivo autonómico.
Sobre la ponencia técnica del Consejo de Patrimonio Histórico que el pasado viernes decidió rechazar la propuesta del Cabildo grancanario, Ben Magec tiene dudas de su composición ya que afirma que, atendiendo al reglamento, dicha ponencia técnica debe estar formada por expertos que ayuden en el asesoramiento de la misma y que en esta ocasión “de los cinco asistentes, sólo dos eran expertos por su trayectoria profesional, negándosele a uno de ellos el derecho al voto”.
Los ecologistas señalan que los componentes de la ponencia procedían todos de Tenerife y que el grupo carecía de objetividad y de representatividad regional. De igual modo lamentan que dos de sus miembros pertenecieran al mismo partido político. Por ello, consideran que las personas que votaron en contra en la ponencia técnica podrían incurrir en prevaricación y que el dictamen que emitieron podría ser recusable y nulo.
La Federación Ecologista ha querido reseñar que no apoya a ninguna firma empresarial ni a ningún interés comercial y aboga por la demolición de todas las construcciones existentes en el entorno del palmeral y la zona costera. Es por ello, asegura, que apoya cualquier opción que impida que se pretenda seguir ocupando suelo público, como ha hecho con el BIC.
Añade que realizará las acciones necesarias para conseguir la demolición de la parte del hotel de Riu que, afirma, fue construida ilegalmente según una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 1978 que declaró “ilegal” la ocupación de una superficie de 26.435 metros cuadrados. La intención de la formación es la presentación de contenciosos para “demostrar la ilegalidad de la licencia concedida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en su momento”
Ben Magec, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la población canaria para boicotear a la cadena hotelera Riu y realizar una campaña a nivel internacional, nacional y regional que informe de “estos atropellos y por actuar en contra de los canarios y de la preservación de los espacios naturales de nuestra tierra”.