Las obras para rehabilitar Las Mesas, la principal y más cercana área recreativa que existe en Santa Cruz y el mayor parque periurbano de Canarias, llevan dos años de retraso debido a las diferencias que han surgido entre el Cabildo y las empresas Tinerfeñas de Obras Públicas y Miguel Hernández Ventura, que resultaron adjudicatarias. En lo único que han coincidido ambas partes es en la necesidad de proceder a la rescisión del contrato lo antes posible, aunque el proceso no ha sido precisamente pacífico.
El arquitecto responsable del proyecto, Rafael Mateo Escobedo, señala que hace pocos días se enteró de que, efectivamente, se estaba intentando resolver el contrato con las empresas adjudicatarias, pero aún no ha podido hablar con los responsables del Cabildo. Consideró que se estaba ante un problema “normal” en este tipo de procedimientos y, más aún, en la época de crisis en la que ciertas compañías no pueden hacer frente a los contratos adjudicados.
Lo más curioso es que tan sólo faltarían apenas tres meses para acabar la totalidad de los trabajos y poder abrir este parque definitivamente al público. Y es que pese a los inacabables problemas y retrasos surgidos, las obras se encuentran en la actualidad prácticamente culminadas.
Las Mesas era hasta hace unos años el lugar elegido por los chicharreros para organizar chuletadas sin tener que alejarse demasiado de la ciudad. Sin embargo, en 2009 se iniciaron unas obras que consistían en la construcción de un llamativo centro de visitantes, con cafetería incluida, paseos, canchas para la práctica del deportes, una pérgola serpenteante y varias zonas ajardinadas, una actuación que se ha complicado más de lo previsto.
Las obras se adjudicaron a principios de ese año con un presupuesto de 3,8 millones, lo que suponía un ahorro de 1,2 millones y un plazo de ejecución de 26 meses. De esta manera, se calculaba que la finalización de los trabajos tendría lugar en el verano de 2011, fecha que ya se ha rebasado ampliamente.
Desde un principio surgieron diversas dificultades, por lo que el Cabildo procedió a variar el presupuesto y el plazo final hasta llegar ya a noviembre de 2013. Por el camino han quedado 97 precios contradictorios, falta de personal, incumplimiento de las órdenes que se daban desde la Dirección Facultativa y una petición de indemnización por parte de la contrata.
Paralización desde 2012
En realidad, los trabajos están totalmente paralizados desde hace ya un año y el Cabildo considera que las empresas han incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones.
Por su parte, la contrata ha respondido que no pudo cumplir con su parte del contrato, primero por que estaban afectados a unos terrenos privados, luego por los destrozos que causaron las lluvias de enero de 2010, y después por la existencia de una línea de alta tensión que no había sido retirada. Las empresas se quejan además de que el proyecto presentaba graves deficiencias, hasta el punto de considerar que nunca se debió haber salido a licitación tal cual está redactado.
De hecho, esta Unión Temporal de Empresas (UTE) ya ha recurrido a la vía contencioso-administrativa y, de forma paralela, se ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo para que determine si el Cabildo puede resolver el contrato de oficio. Los juristas de esta entidad han respondido que el paso sólo se puede dar de mutuo acuerdo ya que no existe razón de peso para hacerlo de forma unilateral, a no ser que la administración insular presente un argumento de peso.