La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha calificado como “profundamente negativa” la decisión del Gobierno del Estado de suprimir las ayudas a la potabilización de agua en el Archipiélago al tiempo que ha afirmado que esta medida provocará que “directamente, más de un millón de ciudadanos, los que viven en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, vean como sus facturas sufran un incremento del 50%”.
Ramos ha explicado durante su intervención en Parlamento que la desaparición de la ayuda a las potabilizadoras (que ha confirmado el secretario de Estado, Federico Ramos de Armas) condena a los ciudadanos a sufrir un incremento desproporcionado en la tarifa de agua de cinco de las siete islas, ya que La Gomera y La Palma se abastecen por medio de galerías y pozos.
“En las islas de Lanzarote y Fuerteventura la dependencia de esta fuente de producción es del 100 por 100 y en el caso de Gran Canaria se acerca al 86%”, ha detallado.
“Es indudable que la repercusión será extremadamente importante, puede alcanzar un 50% de las tarifas actuales, las cuales ya son las más caras de España”, ha señalado la consejera, que ha solicitado a los diputados de la Cámara que pidan al Gobierno de la nación que no elimine estas ayudas en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
Por último, ha indicado que esta medida producirá un efecto indirecto y es que “distorsionará el resto del mercado del agua, hacia una escalada alcista de los precios”.
Por este motivo, ha recalcado que es necesario exigir la restitución de las ayudas a los niveles del 2008, cuando alcanzaban los 17 millones de euros, como medida “real y directa” de compensación territorial, avalada en nuestro acervo legislativo y en el de las Regiones RUP de la UE.