Un millón por no levantar el puerto de Tacoronte

José Ana Labajos, promotor del puerto de deportivo de Tacoronte, ha visto como los tribunales en primera instancia rechazan su pretensión de que el Gobierno de Canarias le indemnice con un millón de euros al considerarlo responsable de los obstáculos que hicieron inviable este proyecto. Este puerto conocido como Mesa del Mar vuelve a ser actualidad en estos días ante el interés del empresario por retomar su construcción.

No son buenos tiempos para el promotor especializado en la ejecución de puertos que pocas veces se llegan a concretar. Esta misma semana el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt, anunciaba que en la nueva versión del Plan Especial del Puerto (PEP) que saldrá a información pública se da por anulada la marina de San Andrés.

Esta actuación iba a ser ejecutada por Labajos y el Fórum Filatélico que ostentaba el 45% de las acciones y contaba desde 1997 con una concesión de treinta años. El empresario permanece en la actualidad como uno de los principales imputados del caso Fórum en Tenerife por supuestamente haber propiciado un trato de favor por parte de Puertos para la ejecución de esta Marina y de la Gerencia de Urbanismo en la construcción de la urbanización Valle Tahodio, también anulada.

“Irresponsable, pasiva y con falta de rigor”

En el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Labajos arremetía contra la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias y pedía una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial por la inviabilidad del puerto de Tacoronte.

Labajos argumentó sin éxito que había sufrido “un grave daño patrimonial” como consecuencia del funcionamiento de Obras Públicas. El empresario consideró que la actuación del Gobierno canario había sido “irresponsable, pasiva y con falta de rigor” y además existía “nexo causal entre el funcionamiento de la administración y los daños sufridos”.

Labajos se quejaba de que se le negó de forma imprevista la concesión solicitada sin que, a su juicio, hubiesen razones para ello. Igualmente, apuntó que había realizado un gran esfuerzo económico para cumplir “con el máximo rigor” con la documentación exigida en la tramitación y, por lo tanto, “el daño no sólo lo es por la denegación sino por la pasividad del Gobierno a la hora de defender ante el Cabildo el puerto de su titularidad”.

El Ejecutivo argumentó que no toda lesión producida por el funcionamiento de los servicios públicos da lugar a una indemnización. El TSJC así lo entiende y añade que los gastos abonados por el empresarios eran de su responsabilidad “y debía efectuarlos, si quería, tal y como solicitó, obtener la concesión discutida”.

Además, la Administración nunca estuvo obligada a resolver de modo positivo la solicitud, ni a defenderla de modo más activo ante el Cabildo o ante las otras administraciones que debían otorgar su autorización. El TJSC señala que la denegación final se fundó en motivos ajenos a la Consejería de Obras Públicas y al incumplimiento de diversos requisitos así como a la posición en contra de diversos organismos, del Ayuntamiento y de grupos sociales.

El proyecto presentado en 2006 y anulado dos años más tarde suponía una inversión de 90 millones de euros y preveía crear 500 puntos de atraque. Igualment, iba a albergar la mayor piscina natural de Canarias de carácter público con una superficie de entre 20.000 y 30.000 metros cuadrados; una escuela náutica; un balneario; varios restaurantes y una zona reservada para los pescadores de El Pris.

Pese a que el proyecto en principio contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Tacoronte, posteriormente, se rechazó ante las críticas surgidas por los colectivos ecologistas que lograron reunir más de 5.000 firmas. Pero además la obra recibió diversos informes negativos en contra por parte del Gobierno y del Cabildo que coincidían en que el muelle se solapa con el espacio protegido natural de la costa de Acentejo e, incluso, que el proyecto básico de la marina de no se ajusta ni al planeamiento urbanístico municipal, ni al Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).