No cabe duda de que Pedro Sánchez pudo ver anoche en acción al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. El jefe del Gobierno español ha sufrido críticas en los últimos días por lo raquítico de las medidas económicas anunciadas hasta la fecha en relación al desafío colosal que supone la epidemia de coronavirus. Porque también en estas situaciones dramáticas las cosas se miden al peso. Lo hacen la oposición parlamentaria, la opinión pública y también los mercados de valores, si bien en este caso hará algo más de músculo, el músculo del Banco Central Europeo, para estabilizar las cosas y frenar tanto pánico desatado en dos semanas que arruinan el valor de muchas empresas. Sánchez se ha apresurado a asegurar su blindaje, porque las joyas de la corona del Ibex-35 se han puesto de repente a tiro de OPA (¿asiática?).
Macron marcó un listón en su estudiada intervención desde el Palacio del Elíseo: 300.000 millones de euros para afrontar una “guerra contra el coronavirus”. Los dirigentes del país vecino tienen más facilidad para expresarse en términos bélicos y a su vez ser entendidos por la población: en su caso las guerras apelan a revoluciones, victorias y liberaciones del territorio propio, no a golpes militares ni regresión en los derechos democráticos. Es la diferencia de tener un pasado escrito por De Gaulle o por Franco. Pero vamos a lo que vamos: si Macron anunció la movilización de 300.000 millones de euros sumando todas las acciones del plan de rescate, Sánchez hoy no podía ser menos so pena de ser acusado nuevamente de ser un dirigente más relacionado con los adjetivos rotundos que con las medidas concretas. Todo ello se sintetiza, cómo no, en un cálculo impactante: 200.000 millones de euros.
No es poco, no, atendiendo a la dimensión de la economía española y su comparación con la república hexagonal. El PIB español de 2018 ascendió a 1,2 billones de euros, poco más de un billón menos que Francia. De modo que estamos ante programas de gasto equiparables, y además bastante parecidos en lo tocante a la provisión de liquidez para empresas y particulares. El Gobierno español asume que la pandemia aboca al cierre temporal de algunos sectores estratégicos, el turismo por encima de todo, pero también las plantas de ensamblaje de automóviles, que cerraron ayer al unísono y se acogieron a esta nueva dinámica sin precedentes en la historia económica de España, el expediente de regulación temporal de empleo entendido no ya como solución quirúrgica para empresas concretas, sino como receta masiva y generalizada.
Como siempre ocurre en los planes económicos marcados por el gigantismo, se quedan muchas cosas por el camino y ya se sabe que el diablo está en los detalles. Muchas pymes y autónomos se verán dañados por la pandemia, y no a corto plazo sino por las dificultades que vendrán a la hora de poner de nuevo en marcha a la economía. Las administraciones públicas, también en Canarias, tienen un desafío enorme a la vuelta de la esquina, porque el gran objetivo, y esto lo dejó muy claro Sánchez en su discurso de hoy, es lograr que esta crisis sea en V, es decir, una caída acelerada (ya inevitable) seguida de una recuperación rápida (que está por ver). De momento, los 200.000 millones del doliente San Pedro (su rictus estos días no puede ocultar la excepcional gravedad de la situación) sirven para demostrar que España está en la pelea.