El Ayuntamiento de Mogán ha abierto un expediente a Francisco González, alcalde de este municipio del sur de Gran Canaria entre los años 2003 y 2015, por ejecutar obras en su vivienda particular sin la preceptiva licencia. En un decreto fechado el pasado 7 de febrero, el concejal de Urbanismo de esta localidad turística, Mencey Navarro (Ciuca), otorga un plazo de dos meses al exdirigente del Partido Popular (PP) para restablecer la legalidad urbanística infringida.
González, que ya está retirado de la política activa, mantiene un enfrentamiento público y notorio con su sucesora en el cargo, Onalia Bueno (también de Ciuca). En un juicio celebrado recientemente, la actual alcaldesa reconoció su enemistad manifiesta con el exregidor, con quien en el pasado mantuvo una estrecha relación de confianza, llegando a ser su mano derecha durante el mandato 2003-2007 en el municipio.
El expediente parte de una denuncia presentada por la Policía Local de Mogán en julio del año pasado. Los agentes pusieron en conocimiento de la administración que González, propietario de una finca ubicada en suelo rústico catalogado como potencialmente productivo, estaba realizando una serie de actuaciones en su terreno (la reparación de tejas de piedra, la apertura de un hueco de canalización para telecomunicaciones y de otro por rotura de tubería y la reposición de luminaria exterior) sin disponer de las autorizaciones administrativas requeridas.
La técnica municipal que inspeccionó la finca en octubre en compañía de un agente policial adscrito al departamento de Disciplina Urbanística constató esa y otras irregularidades, si bien para la mayoría de ellas ya se habría agotado el plazo que la normativa vigente a nivel autonómico otorga a las administraciones para poder ejercer la acción de restauración de la legalidad, fijado en cuatro años desde la finalización de las obras.
Esta caducidad de la acción libra a González de tener que responder en este expediente por las zonas techadas en los alrededores de la vivienda (una destinada a zona de barbacoa y horno, anexa a un cuarto, y otra “sin uso determinado”), que ejecutó sin licencia municipal ni calificación territorial. Tampoco deberá hacerlo por contravenir los permisos que le habían concedido al levantar dos plantas (una en semisótano) cuando tenía autorización para construir una. El informe expone además que los planos con los que se construyó la casa no coinciden con los visados por el Gobierno de Canarias, aunque sí cumplen con los parámetros determinados por la licencia otorgada en el año 1995.
La acción administrativa de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida solo afecta a un depósito de agua instalado por González también sin autorización. El exalcalde moganero deberá solicitar los permisos exigidos si la actuación es compatible con la ordenación urbanística del municipio, o, en caso contrario, proceder a su demolición.
En relación a las obras objeto de la denuncia de la Policía Local, que afectan a muros, caminos y canalización de instalaciones para telecomunicaciones y electricidad, el decreto precisa que están aún sujetas a a la obtención de licencia municipal, que ya ha sido solicitada por el exdirigente popular y que pende de la aprobación de la calificación territorial por parte del Cabildo de Gran Canaria.
Francisco González, que abandonó la política tras perder en las elecciones locales de 2015 la mayoría absoluta que ostentaba desde 2007, trabajaba hasta hace escasas fechas como administrativo en el área de Vivienda del vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana. El exalcalde de Mogán es el principal imputado del caso Góndola, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento sureño en verano de 2006. A González se le imputan ocho delitos, entre otros cohecho, en una causa en la que también está acusada la actual regidora de la corporación, Onalia Bueno. Más de una década después de que se iniciara la instrucción, el procedimiento se encuentra paralizado desde hace años.
La formación política de Bueno es además acusación particular en otro procedimiento judicial contra el exalcalde de Mogán. Ciuca pide para él seis años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado contra los derechos individuales al impedir a los concejales del partido grabar los plenos cuando estaban en la oposición. La Fiscalía reduce la petición de pena a la mitad, tres años de inhabilitación.