“Algo más de 400.000 euros”. Con estas palabras el alcalde de Mogán, Francisco González (PP), imputado por siete delitos en el caso Góndola contra la presunta corrupción política en su municipio, admitió este viernes el coste aproximado para las arcas públicas sureñas de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), inservible como documento legal.
El pleno del Ayuntamiento decidió este viernes desistir de la tramitación del PGOU del municipio, ante el contundente informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias que señala irregularidades, arbitrariedades e incluso interpretaciones torticeras de la Ley en el texto normativo que queda archivado por decisión municipal.
En un tenso debate con los miembros de la oposición, donde llegó a reconocer que “la seguridad jurídica” le obligaba a desistir del Plan General diseñado a lo largo de su primer mandato y aprobado inicialmente en enero de 2006, un año antes del estallido del caso Góndola, Francisco González mantuvo que el archivo del PGOU no se debía a los convenios urbanísticos firmados con particulares, que sin embargo motivaron la denuncia original de la investigación judicial por parte de tres ex concejales de su grupo.
El propio informe de la Dirección General de Urbanismo señala de manera genérica los convenios urbanísticos como una fuente de arbitrariedad, al no estar debidamente justificados y no quedar definidos ni reglados los aprovechamientos municipales de los que se beneficiaría el bien público. Incluso pone como ejemplo un convenio con “los señores HCC” [de la familia del Castillo] por medio del SAPU-18 [en el barranco de Arguineguín] en el que no se justifica para nada la compensación municipal dada a los particulares.
Aún así, el alcalde mantuvo este viernes ante el plenario municipal que el principal argumento para desistir del PGOU ha sido el caso del Ayuntamiento de Haría, que mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado 29 de marzo ha visto como se declaraba judicialmente nulo su documento urbanístico, debido a la irregularidad medioambiental del mismo, no ajustado a las normativas nacionales y comunitarias.
La decisión de desistir del PGOU conlleva el inicio de un nuevo expediente de tramitación y aprobación con su consiguiente informe de sostenibilidad ambiental que sustituya las deficiencias que se han encontrado en el actual por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.