El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha señalado este viernes que la actualización de los salarios públicos, la financiación autonómica y los fondos de la Unión Europea (UE) pueden superar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 hasta el final de este año con un decreto ley del Gobierno del Estado.
El líder del canarismo progresista cree que el PP, incluido el vicepresidente y la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Manuel Domínguez y Matilde Asián, ''poco se puede quejar'' por vetar la elaboración de las cuentas estatales para 2024. Nueva Canarias-BC alerta del impacto de la decisión de Madrid en unas cuentas canarias en vigor, que perdonaron ingresos fiscales para beneficiar a los más ricos, y sobre las contradicciones, cada vez más profundas, entre los socios del pacto de las derechas.
Román Rodríguez se mostró preocupado por las consecuencias de la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de renunciar a aprobar los presupuestos de 2024 para abordar los de 2025 aunque cree que los salarios públicos, la financiación autonómica y los fondos europeos se pueden resolver.
Observó que el Ejecutivo estatal tiene un cierto margen para la discrecionalidad con el fin de gestionar, mediante decretos leyes, asuntos “ineludibles, relevantes”. A modo de ejemplo, recordó que, el 27 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros, a través de un real decreto-ley, incluyó la revalorización de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social, convalidado el pasado 10 de enero por el Congreso de los Diputados.
Lo que no ocurrirá, advirtió, con todos los créditos, ayudas y subvenciones anuales, que decaerán. Entre los más significativos, los fondos para combatir la pobreza en las islas, los 50 millones de euros para los menores migrantes y los 20 millones para obras hidráulicas logradas, entre otras partidas, por Nueva Canarias en los PGE de 2023 a través de Compromís en la Cámara Baja. Sin embargo, Nueva Canarias-BC considera que los convenios plurianuales se mantendrán.
Por otro lado, dijo que se paralizarán las negociaciones para la condonación parcial de la deuda de las comunidades de régimen común y crece la incertidumbre sobre la reclamación de la flexibilización de la regla de gasto para los territorios, cabildos y ayuntamientos saneados.
Para el presidente canarista, esta situación es producto de la inestabilidad política y, en ningún caso, da lugar al dramatismo. Recordó que, entre 1979 y 2020, se han prorrogado los PGE en ocho ocasiones, de las que tres se decidieron con Mariano Rajoy en La Moncloa.
La primera con los presupuestos de 2011 que se extendieron hasta finales de junio de 2012 por las elecciones generales de noviembre de 2011. Las elecciones generales de 2016 y las dificultades para formar gobierno retrasaron la aprobación de los PGE de 2017 hasta finales de junio del mismo año. Esta última ley presupuestaria estuvo en vigor hasta que el 24 mayo de 2018 cuando se aprueban las cuentas para el citado ejercicio económico. Sólo una semana antes de la moción de censura a Rajoy que llevó a Sánchez a la Presidencia.
El PP, en opinión de Román Rodríguez, “poco puede quejarse” porque, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como con su mayoría absoluta en el Senado, vetaron la senda fiscal para 2024 del Ministerio de Hacienda, requisito inicial obligatorio para comenzar a elaborar las cuentas.
La participación activa de la consejera canaria Matilde Asián en el CPFF y la defensa acérrima del vicepresidente canario Manuel Domínguez de la política de Estado del PP, para Nueva Canarias-Bloque Canarista, juegan en contra de los intereses de las canarias y los canarios y ahonda en las contracciones del pacto de las derechas canarias. Indicó que los representantes de CC y la AHI, en las Cortes Generales, votaron a favor de la citada senda fiscal.
A los perjuicios en los presupuestos canarios de 2024 en vigor por la extensión definitiva de los PGE de 2023, Román Rodríguez añadió las derivadas de las decisiones de CC y el PP de perdonar el impuesto de Sucesiones y Donaciones a los más ricos. Las arcas canarias pierden una media de 45 millones de euros al año, lo que en la legislatura serán 180 millones de euros, según el presidente del canarismo progresista.