NC y CC: dos ofertas nacionalistas dispares en busca de un diputado decisivo

Las encuestas de cara al 23 de julio dibujan distintos escenarios en los que cada escaño es valioso. La derecha parece tener ventaja sobre la coalición de izquierdas, pero el Partido Popular y Vox podrían no alcanzar la mayoría absoluta necesaria y precisar de algún apoyo decisivo de partidos como Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Frente a este bloque, se vislumbra que para alcanzar el poder, PSOE y Sumar requerirán de un respaldo mayor de vascos, catalanes, gallegos y, quizá, canarios. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Coalición Canaria decidieron converger por separado a las generales defendiendo el mismo objetivo: tener presencia en el Congreso y en el Senado para defender y conseguir mejoras para el Archipiélago. Las diferencias ideológicas entre una formación que se sigue atribuyendo la etiqueta nacionalista escorándose a la derecha y otra autodefinida como “canarista de progreso”, junto a las insalvables condiciones de negociación para conformar un bloque electoral, impidieron que se repitiera la alianza con la que consiguieron dos diputados en 2019, uno por cada provincia. 

En sus programas son amplias las similitudes, con propuestas en ocasiones idénticas como la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) o del Estatuto de Autonomía, pero también son patentes las diferencias, con una que destaca sobre las demás: el posicionamiento firme de NC-BC en contra de la extrema derecha, que incluso lo refleja en uno de los puntos de su programa. Por su parte, CC ha reiterado que mantiene una “línea roja” con Vox por “diferencias ideológicas insalvables”, que también extiende a Podemos, Bildu y Esquerra Republicana por el mismo motivo. Pero de forma paralela, CC ha accedido al bastón de mando en Teguise (Lanzarote) gracias a una abstención del partido de Santiago Abascal. Y tampoco ha dejado claro si posibilitaría o no un gobierno nacional entre PP y Vox tras regresar al poder en el Gobierno de Canarias con el respaldo de la formación de Feijoó.

NC-BC ha reiterado su rechazo a la extrema derecha por su negación de la violencia machista, su oposición a los para las personas LGTBIQ+ o su criminalización de las personas migrantes con discurso racistas y xenófobos. Además, en su programa resalta que al ser Vox un partido centralista y contrario al modelo autonómico, es “muy contradictorio que cargos públicos de CC acepten su voto para ganar una alcaldía y, además, estén dispuestos a compartir responsabilidades en una corporación local”. Por todo ello, la formación canarista ha remarcado durante toda la campaña que “en ningún caso” apoyará un acuerdo en el que se incluya a la ultraderecha. El candidato Luis Campos incluso ha demandado el “voto útil” porque considera que el único escaño que pueden conseguir por la provincia de Las Palmas está en disputa con Vox.

CC no se ha pronunciado tan enérgicamente en contra de la extrema derecha, pero la candidata por Santa Cruz de Tenerife Cristina Valido sí ha dicho que no apoyará un gobierno con Vox, aunque con matices. La formación remarcó que su objetivo es poder ser determinante en la gobernabilidad del país y se mostró abierta a llegar a acuerdos si benefician a las Islas. Además, en un manifiesto firmado con una decena de fuerzas de distinto signo que aglutinó bajo sus siglas para este 23-J, CC aseveró que “estas elecciones no van de derechas o de izquierdas; van de Canarias”, para reiterar a continuación que solo los diputados de CC pueden hacer que Madrid cumpla con las Islas frente a partidos estatales.

Turismo

Canarias llega a estas elecciones generales en la antesala de un nuevo año de récord turístico. El motor económico de las Islas está registrando este 2023 las cifras más elevadas de llegada de visitantes extranjeros (5,86 millones hasta mayo) y gasto, en un contexto donde una mitad del Archipiélago demanda la repetida diversificación económica y la otra continúa apostando por el crecimiento del sector.

NC-BC y CC consideran que la industria turística continuará siendo la más importante en la comunidad, pero aseguran que propondrán diferentes medidas en el Congreso de los Diputados para consolidar la recuperación y afianzamiento del sector tras la debacle de la pandemia.

Coalición Canaria, por su parte, dice que insistirá en la prolongación de la financiación para la estrategia de resiliencia turística de las Islas. Este programa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno nacional, destinó subvenciones directas a las empresas canarias por valor de 20 millones de euros en 2021, 50 millones en 2022 y 30 millones en 2023.

Nueva Canarias también exigirá la continuación de esta estrategia, pero en su programa electoral lo explicita citando “la renovación de las ciudades turísticas” y la “modernización de la planta alojativa”. El partido agrega en este sentido que quiere “recuperar el mandato de la ley de directrices del Turismo del año 2003” para afrontar este asunto, más allá de las ayudas y programas de financiación estatal.

Otra cuestión abordada por CC es la famosa tasa verde, un impuesto al queroseno que la Unión Europea (UE) quiere aplicar al sector de la aviación, caracterizado por una imposición bastante baja desde siempre. La formación nacionalista defiende que dicho tributo, junto al régimen de comercio de emisiones, “supondrá un notable encarecimiento de los vuelos con las Islas y un notable perjuicio a la conectividad y al sector turístico”, aunque no hay suficientes estudios para conocer sus efectos. Coalición Canaria afirma que pedirá la exención y más ahora, con la presidencia española del Consejo de la UE.

NC-BC coincide con CC en este punto y también pide la exclusión de Canarias del comercio comunitario de emisiones de CO2, al mismo tiempo que reclama en materia turística la aprobación de un plan de inversión estratégico para “la reestructuración del mismo”, que se dirija a un modelo “descarbonizado y digitalizado, basado mucho más en la sostenibilidad, en la calidad (…) y en el mayor gasto en destino, y no en la obsesión por batir récord en el número de visitantes”.

Como medidas adicionales, Nueva Canarias propone regular “adecuadamente” el alquiler vacacional y “condicionar” el crecimiento turístico en las islas saturadas, como recientemente se ha declarado Lanzarote. 

Vivienda

El acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la población canaria. El 30,8% de los residentes de las Islas está en riesgo de exclusión social en este ámbito, según el último informe de la Fundación FOESSA, y los precios de los alquileres continúan subiendo año tras año.

El Gobierno nacional acaba de aprobar una Ley de Vivienda que pretende regular el alquiler en zonas tensionadas e impulsar la construcción de pisos de alquiler social. Norma que, con los comicios a la vuelta de la esquina, podría decaer en caso de que se produzca un cambio en La Moncloa.

Con respecto a los partidos canarios, Nueva Canarias es la agrupación más propositiva. La formación reitera la aplicación de las medidas de la nueva regulación (construcción de vivienda protegida, ayudas al alquiler, incentivos fiscales y limitación de los precios), mientras que también asegura que exigirá al próximo Ejecutivo nacional “la búsqueda de mecanismos que limiten la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas”, como lleva planteando desde hace meses.

Coalición Canaria, por su parte, no recoge futuras demandas al respecto. La anterior diputada de la fuerza nacionalista en el Congreso, Ana Oramas, votó en contra de la Ley de Vivienda y la calificó como un “disparate” y “en clave electoralista”, llegando incluso a comprar las tesis del PP sosteniendo el bulo de que legalizaba la okupación. El ahora presidente canario, Fernando Clavijo (CC), no se presentó en el Senado el pasado mes de mayo a votar sus 23 enmiendas a la mencionada legislación. 

Crisis climática

Ante “el mayor reto actual de la humanidad”, tanto NC-BC y CC coinciden en la necesidad de instar al Estado a articular medidas específicas para acelerar la transición energética (hidrógeno verde, eólica marina, geotermia…), que Canarias debe acometer antes de 2040 y no 2050, como han optado la mayoría de las regiones de España y de Europa. Sin embargo, ambos partidos cuentan con algunas diferencias en esta hoja de ruta.

Por un lado, Coalición Canaria detalla que exigirá al Estado “fijar series temporales” para la consecución, presumiblemente, de instalación de energías renovables en el Archipiélago. La formación también quiere consolidar a Canarias como “un laboratorio natural de ensayos para la sostenibilidad, entre ellos la tecnología marina”, y por ello dice que exigirá al Gobierno nacional la financiación para que exista un buque oceanográfico en la comunidad. Mientras tanto, en la gestión autonómica ha pactado con el Partido Popular que este último coordine las competencias en Transición Energética en las Islas, formación que llegó a amenazar con derogar la ley climática canaria por ser “intervencionista”.

En lo que respecta a las demandas más concretas de Nueva Canarias, destaca el rechazo a la implantación del gas natural, fuente de energía defendida por PP y CC; incluir a Canarias en los “corredores verdes” marítimos que impulsa la UE para la reconversión ecológica del transporte marítimo; e impulsar proyectos para la fabricación del SAF (combustible aeronáutico sostenible) en la comunidad. 

Movilidad

Las dos agrupaciones canarias comparten muchos puntos en este apartado. Ambas demandan ayudas al 100% al transporte de mercancías agrícolas e industriales “con la imprescindible actualización de los costes”, puntualiza NC. También coinciden en la necesidad de reclamar al Estado la financiación de los trenes de Tenerife y Gran Canaria, la defensa del descuento del 75% en el transporte aéreo y marítimo, el establecimiento de precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público y la inclusión de las administraciones públicas canarias en el funcionamiento de los aeropuertos.

¿En qué han mostrado pequeñas diferencias? Primero, en las bonificaciones al transporte interurbano. Coalición Canaria ha hecho campaña autonómica y nacional con las ayudas al 100% a las guaguas y remarca que volverá a exigir una partida específica en este sentido “más allá del 31 de diciembre de 2023”. Nueva Canarias, por su parte, no hace esta concreción y simplemente dice que pedirá la extensión de ayudas, en especial para la movilidad eléctrica.  

Por otro lado, CC apunta que también demandará la obligación de un servicio público marítimo, con un precio máximo, que una el triángulo de las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera). NC-BC no hace mención de ello.  

Migraciones

Canarias seguirá siendo frontera sur de Europa, con todo lo que eso conlleva. Y tanto NC-BC como CC han esgrimido algunas de las medidas que plantearán al próximo Ejecutivo nacional para no repetir las imágenes de hacinamiento vistas en el muelle de Arguineguín o la gestión de algunos de los centros de menores extranjeros no acompañados durante la última legislatura.

Las dos formaciones coinciden en que España debe coordinarse mejor con la UE y los países de origen para reducir el flujo de llegadas en los próximos años. NC-BC cree que la política migratoria debe tener una importancia creciente en la agenda pública y señala que continuará reclamando más centros de atención, así como derivaciones “ágiles y sostenidas en el tiempo para evitar el colapso”. Cabe recordar que el partido ha propuesto como senador por Gran Canaria a Txema Santana, quien durante 2017 y 2021 trabajó en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Coalición Canaria, sin embargo, ha pedido el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de la que se han descubierto infracciones sistemáticas de derechos cometidos en otras rutas migratorias de Europa.

NC-BC y CC, eso sí, coinciden en la implementación de una distribución “equitativa” de los menores extranjeros no acompañados por todo el territorio español, quienes por ley deben quedarse en Canarias hasta cumplir la mayoría de edad. 

Política exterior

Las relaciones que mantiene el Gobierno de España con Marruecos afectan directamente a Canarias, desde las migraciones a la disputa por las aguas territoriales, pero las Islas no tienen ninguna capacidad de influir en este sentido. CC aboga por estar presentes en las reuniones bilaterales entre España y Rabat. NC-BC no cita al reino alauí en su programa más que para exigir lo que ha reiterado en numerosas ocasiones desde Gran Canaria: que se celebre un referendum de autodeterminación en el Sáhara Occidental en cumplimiento de las resoluciones de la ONU, al tiempo que rechaza el cambio de postura del presidente del Gobierno de España respecto al conflicto.

NC-BC también defiende que se reconozcan las aguas canarias y que sea la comunidad autónoma la que tenga la capacidad de gestionar, en caso de que se explote, el telurio hallado en los montes submarinos. Además, considera que Canarias debe potenciar la relación continental: manteniendo el trato diferencial con la UE; sus relaciones con Latinoamérica y prestar más atención a África para volcar su actividad económica y colaborar en su desarrollo.

La política exterior de ambas formaciones van por caminos muy distintos. NC-BC pone en el centro el compromiso con los derechos humanos, rechazando las políticas europeas sobre refugiados. Entre otras acciones, aboga por impulsar iniciativas de cooperación, como destinar desde las instituciones públicas el 0,7% de sus recursos a la Solidaridad Internacional y a la Cooperación al Desarrollo.

Por su parte, CC centra sus propuestas en política exterior en el ámbito económico. Enmarca su interés en reforzar la alianza con los territorios ultraperiféricos de Portugal y Francia en la Unión Europea para consolidar sus derechos. También dedica unas líneas a mejorar las relaciones con África, proponiendo la expansión exterior de empresas a los países cercanos a las Islas o a través de “programas de conversión deuda”. Y quiere que el Archipiélago tenga un papel relevante como “plataforma atlántica para atraer inversiones”.

REF y Estatuto de Autonomía

En donde ambos partidos coinciden plenamente es en la defensa del REF y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Tanto CC como NC-BC priorizan los fueros isleños en sus programas y consideran esencial que haya diputados de estas formaciones para velar en el Congreso por los derechos que le corresponden del Archipiélago porque así, dicen, están recogidos en su marco legislativo. Sobre todo, y como coincidieron en el debate del pasado 18 de junio en RTVC, tanto Valido como Campos abogan por un nuevo modelo de financiación que recoja las especificidades de las Islas.

La reducción del 75% del precio de los billetes aéreos y marítimos interinsulares.y a la península es uno de los ejemplos de NC, cuya consecución se atribuye por haber sido su voto esencial en la aprobación de los presupuestos de 2019 del PP. Por su parte, CC ha vendido conseguir la gratuidad de las guaguas en la negociación de las últimas cuentas estatales.

Ambos son programas económicos recogidos en el REF que se materializan a través de los presupuestos generales, a los que se suman, por ejemplo, la compensación del sobrecoste del sistema eléctrico del Archipiélago, diferentes programas de ayudas al sector primario como el Posei o partidas destinadas a mitigar la pobreza. El objetivo que defienden ambas formaciones es que se mantengan estos derechos.

También exigen que Canarias amplíe su autogobierno y aumente sus competencias en línea con lo que recoge el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. Durante la pasada legislatura ya se traspasó la gestión del litoral, la tutela financiera de entidades locales y la defensa de la competencia. De forma similar, tanto CC como NC-BC se marcan como objetivo hacer cumplir la transferencia de la gestión de los aeropuertos isleños. Los canaristas también hacen especial hincapié en el artículo 144 del Estatuto que exige que Canarias participe en las decisiones del Estado en materia migratoria o la asunción de competencias de salvamento marítimo.

La Palma

La reconstrucción de La Palma por la erupción volcánica también cuenta con un espacio destacado en los programas de ambas formaciones. CC dice que exigirá que se amplíe el descuento del 60% del IRPF durante los próximo diez años, al tiempo que insiste en sostener que estará vigilante en el cumplimiento de lo prometido por parte del Gobierno de España. También considera “imprescindible y necesaria” una Ley de Volcanes para “arbitrar medidas para los afectados”.

Aunque NC-BC no presentó candidatura por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí propone un paquete de incentivos fiscales que establezca una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para estimular la inversión. Para agilizar la respuesta administrativa a los afectados, el partido canarista también proyecta la creación de un “consorcio” en la Isla, compuesta por las administraciones locales, insular, autonómica y estatal que goce de autonomía y permita “la unidad de acción”. Y como visión de futuro tras la reconstrucción, plantea que se impulse una reconversión de la agroindustria de la Isla que la haga más competitiva, además de promover una actividad turística que ayude a diversificar el tejido productivo y fijar población en el territorio.