Nueva Canarias (NC) considera que el presidente y el vicepresidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero y José Manuel Soria, respectivamente, “sacrificarán la necesaria reforma del Estatuto de Autonomía para no tocar el sistema electoral”.
NC, en un comunicado hecho público este lunes, en relación a las declaraciones de Rivero acerca de que la modificación estatutaria no es ahora la “prioridad” de su Gobierno, insiste en que el sistema electoral canario es “injusto y poco democrático”, y es el único elemento que la ciudadanía canaria reclama que se modifique.
Según NC, en cada elección cientos de miles de canarios se queden sin representación en el Parlamento autonómico, lo que provoca “desafecto hacia la política y la abstención de ir a ejercer este derecho fundamental, eliminando participación y calidad democrática a nuestro sistema”.
NC precisa que no pone en duda que la mayoría que conforma el Gobierno canario es “perfectamente legal”, pero reconoce que la representación del Parlamento canario no se adapta a la realidad y pluralidad política del Archipiélago, puesto que las altas barreras electorales impiden el acceso de otras fuerzas políticas a esta Cámara, indica en su nota.
Así mismo, sostiene que de tener unas barreras electorales similares a las de otras comunidades autónomas y de otros países democráticos, el abanico parlamentario de Canarias sería diferente y el gobierno que se hubiese conformado después de los comicios de 2007 tendría “otro color y sobre todo otra forma de gestionar y entender la política”.
En las pasadas elecciones, el voto de 155.000 canarios, el 16,5 por ciento de los sufragios emitidos, fue a parar “a la basura y se va camino de lo mismo en la cita electoral de 2011, ya que Soria y Rivero buscan perpetuarse en el poder a toda costa y para ello necesitan impedir la entrada de otras fuerzas políticas”.
El Gobierno de Canarias ha elaborado una propuesta de reforma estatutaria que no entra en la modificación del sistema electoral, que debe centrarse en la reducción de las barreras insulares del 30% al 5%, a juicio de NC.
Además, también debe incluir una redistribución de la representación en el Parlamento, puesto que no es de recibo, según NC, que el 50 por ciento de los diputados de Tenerife y Gran Canaria representen a quienes suponen el 80 por ciento de la población total de las islas.