El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha afirmado este sábado que la llegada de los 18 millones de euros para la lucha contra la pobreza, pendientes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, significa “hacer justicia” con las Islas.
Campos defendió el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios estatales en una materia tan necesaria y sensible en una comunidad con el 40,2% de la población en riesgo de exclusión.
El dirigente nacionalista aseguró que estos fondos servirán para que el Gobierno del cuatripartito impulse medidas que contribuyan a paliar la enorme desigualdad social padecida en Canarias, tal y como recoge el pacto de progreso.
Campos afirma en un comunicado que la transferencia de los 18 millones de euros pendientes de los 30 millones de euros de los PGE de 2018 es hacer “lo justo” con una sociedad con uno de los índices de pobreza más altos de todo el Estado.
El portavoz parlamentario de NC recuerda que la lucha contra la exclusión social ha sido una de las prioridades de los nacionalistas progresistas desde que lograron, por primera vez, representación en el Parlamento de Canarias en la VIII Legislatura, momento en el que se presentó el primero de los planes para combatir la pobreza impulsados por esta formación política en la Cámara.
Desde entonces, “hemos insistido en la necesidad de que Canarias tuviera políticas específicas en un problema tan sensible”. Un objetivo, recordó, que “conseguimos gracias” al voto 176 de Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados e “incluido en nuestros acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 a pesar de las duras reticencias iniciales” del Gobierno estatal.
Este trabajo se complementó al lograr, al mismo tiempo, anclar en el Régimen Económico y Fiscal (REF) la garantía para que anualmente Canarias reciba fondos, a través de los presupuestos estatales, mientras los indicadores estén por encima de la media estatal.
Campos hizo hincapié en que uno de los compromisos del pacto de progreso pasa por reducir las tasas de pobreza, entre otras razones, porque “tenemos la obligación de cumplir con los derechos reconocidos” a los canarios en los artículos 24 y 36 del Estatuto de Autonomía.
El primero recoge el derecho a una renta de ciudadanía y el segundo es una garantía para que los derechos reconocidos se apliquen en su sentido más favorable para su plena eficacia, tal y como figura en la norma estatutaria.