Las pretensiones de la ambiciosa reforma del Estatuto de Autonomía anunciada por el presidente Paulino Rivero el pasado 6 de septiembre como inicio del nuevo curso político han sido convenientemente rebajadas por los grupos parlamentarios Mixto (NC y PIL) y Popular, cuyos portavoces creen que será inviable en el actual momento político y económico que se vive en España.
Una modificación que, en aras del consenso, tendrá como base el Estatuto aprobado por el Parlamento en 2006, admitido por las Cortes con la incorporación de enmiendas pactadas entre CC y el PP y que, sin embargo, se retiró del Congreso a finales de 2007 por la Cámara regional a petición del propio Ejecutivo canario.
De nada valió al consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, recordar que un Estatuto de 'nueva generación' podría haber servido, en estos momentos, para frenar los desahucios o reactivar la maltrecha economía de las Islas sin depender de las decisiones del Ejecutivo central, con un REF más fuerte blindado en la Carta Magna canaria.
“Canarias lo necesita y este es un buen momento para la reforma del Estatuto de Autonomía”, concluyó.
“No le creo nada”, aseguró el conservador Emilio Moreno tras salir a la tribuna para contestar a Spínola, pues “solo ha venido aquí a buscar titulares” basados en “quimeras”. Hasta calificó de “disparate jurídico” vincular el Estatuto a las aguas canarias.
Credibilidad
Moreno instó a Spínola a olvidarse de la modificación estatutaria y abordar, de una vez por todas, la reforma administrativa pública de las Islas, un empeño en que está embarcado el Ejecutivo que preside Rivero desde junio de 2011 y que, sin embargo, “en esta Cámara aún no sabemos nada”.
“Que usted no me crea es su problema, porque mi credibilidad y la del Gobierno depende de cumplir los compromisos, y usted se va a tragar su incredulidad, porque antes del 31 de diciembre estará en esta Cámara la reforma del Estatuto y antes de que termine la legislatura las reformas de cabildos y ayuntamientos serán leyes”, contestó Spínola al portavoz de los conservadores.
Y es que, como ya hiciera Rivero hace unos días, Spínola ha convertido el Estatuto en la 'guinda' política de un proyecto más amplio, que incluye la modificación de la Ley de Cabildos y la creación de otra para los municipios.
En cuanto a los cabildos, el consejero aseveró que ya hay un borrador articulado, aunque no quiso adelantar ni un solo detalle del texto, que consensuará con las corporaciones insulares y los grupos parlamentarios, y respecto a los municipios dijo que el Gobierno canario va a esperar a que se apruebe en las Cortes el polémico proyecto de ley de la Administración local impulsado por el presidente Mariano Rajoy.
Sin condiciones ni posibilidades
El portavoz de Nueva Canarias en el Mixto, Román Rodríguez, fue más proclive a la ambiciosa reforma, sin embargo mostró su sospecha de que esta “repentina estrategia de desempolvar la reforma del Estatuto de Autonomía sea una maniobra para rellenar discursos y eludir responsabilidades” a sabiendas de que no será “viable” su aprobación en el Congreso, donde impera la mayoría absoluta de un PP reacio a modificaciones estatutarias y, por tanto, “no hay condición objetiva ni posibilidad real” de que salga adelante.
“Nuestro grupo participará en los trabajos y apoyará una modernización del Estatuto para avanzar en el autogobierno, pero sospechamos que se pretende eludir el debate de la reforma electoral promovida por nosotros”, advirtió Rodríguez.
Hernández Spínola solamente encontró el apoyo de los dos grupos que apoyan al Gobierno, cuyos diputados José Miguel Ruano (CC) y Manuel Fajardo (PSC) defendieron que el Gobierno de Canarias cumpla el documento del Pacto con independencia de la mayoría que haya en las Cortes.
“El PSC quiere una reforma electoral de calado, no basada en los resultados de una calculadora”, contestó Fajardo a Rodríguez, dando a entender que es posible que no se tome en consideración la propuesta del Grupo Mixto para que la modificación sea incluida en la reforma del Estatuto.
Y en cuanto a las posibilidades reales de la modificación, Ruano aseguró que “hay que intentar llegar a un texto que tenga viabilidad en el Congreso de los Diputados” y, para ello “el texto base de 2007” más “las enmiendas incorporadas por CC y PP” son “un buen punto de partida.
Por ello, y pese a la fría acogida de la propuesta por parte del PP, Fajardo tendió la mano: “espero que las reformas de gran calado salgan por unanimidad y el máximo consenso”.