Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) cree que la última crisis migratoria evidencia que ha llegado el momento de que la sociedad canaria “se rebele y se plante” para lograr, en las Cortes Generales, una modificación legal que obligue al resto de las comunidades del Estado a acoger a un cupo de menores migrantes no acompañados tutelados en las Islas, como se logró con los adultos. El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, anunció que remitirá una iniciativa a las organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones públicas para exigir una distribución obligatoria tras el fracaso de la acogida voluntaria y para garantizar un trato humanitario, justo y equitativo a los 3.000 menores que hay en las islas en la actualidad. Rodríguez se mostró categórico al decir que hay “margen” para este cambio normativo y al indicar que, si puede haber una ley de amnistía, “¿cómo no puede haber una norma para distribuir a los menores entre todos los territorios del Estado?”. Denunció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve “a mirar para otro lado” con la frontera Sur de España y la Unión Europea (UE) con África, como hizo con la vergonzosa situación del puerto de Arguineguín. De la propuesta del pacto de asilo y migraciones de la UE, Nueva Canarias mantiene que, “en absoluto, responde” a la realidad vivida en Canarias.
A lo largo de 2023, a las costas del Archipiélago han llegado, vía marítima, casi 20.000 de las 25.000 personas que en total han alcanzado las costas del Estado. Hoy Canarias, tutela a 3.000 menores no acompañados. Los flujos migratorios no van a parar, principalmente, por los conflictos armados del Sahel, y por las sequías y las hambrunas en todo el continente vecino y además Canarias carece de una respuesta adecuada de Bruselas y Madrid a esta realidad.
Por este motivo, Román Rodríguez y el portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, comparecieron hoy en rueda de prensa para, entre otros asuntos, remarcar que “siempre estaremos del lado” de las instituciones públicas canarias y de las organizaciones no gubernamentales para “acumular fuerzas” para defender un trato humanitario y justo a las migraciones humanas.
Para “compartir responsabilidades en este difícil asunto y como la voluntariedad” de los traslados de menores no ha funcionado, NC-BC hará una propuesta a las organizaciones sociales, partidos políticos y administraciones públicas de canarias para promover un cambio legal, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, dirigida a que la distribución de éstos sea “obligatoria” para todas las comunidades del Estado.
Rodríguez consideró que la sociedad canaria “se tiene que plantar, como lo hicimos con los adultos y lo logramos cuando nos decían que era imposible”. Es, subrayó Rodríguez, “decisivo y determinante” que Canarias haga una propuesta para exigir a las Cortes Generales una distribución obligada. Por este motivo, el presidente de NC-BC remitirá una propuesta a las organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones públicas además de otros organismos representativos.
Con respecto a las responsabilidades del Gobierno estatal, denunció que “no se puede tolerar el olvido” de la ruta canaria. Criticó que Grande-Marlaska vuelva “a mirar para otro lado”, como hizo con la expresión “más dramática (el puerto de Arguineguín) que, hasta el momento”, se ha visto en las islas.
“Hay que exigir al Gobierno de España que dimensione, de forma adecuada”, entre los principales, a Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y los sistemas de acogida para que se respeten los derechos humanos y las derivaciones al resto del Estado español, y su conexión con el continente europeo, sean ágiles.
Tras la reciente cumbre europea de Granada, el documento “inconcluso” saliente del pacto de asilo y migraciones, en opinión de Román Rodríguez, “en absoluto” responde a las necesidades de Canarias, como frontera sur. “No estamos satisfechos con los datos que apunta” esta última propuesta aún sin aprobar definitivamente, indicó.