El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, cree que el periodo de exposición pública de la Ley del Suelo que lidera el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se debe ampliar.
El también portavoz parlamentario de NC afirma en un comunicado que las alegaciones y críticas recibidas por el anteproyecto de ley “aconsejan promover un mayor debate” social y a avisa de que esta propuesta legislativa “mercadea” con el medio ambiente y con el territorio en contra de los intereses generales del archipiélago.
El dirigente nacionalista también recuerda que las organizaciones sociales y ambientalistas alertan sobre las “alarmantes consecuencias” del anteproyecto de ley, como la Fundación César Manrique, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Canarias, Ben Magec, Turcon y el movimiento cívico Salvar Canarias, además de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria y ayuntamientos, a través de la Fecam.
A su juicio, el sentido crítico de las alegaciones presentadas y opiniones expresadas aconsejan que se amplíe el periodo de exposición pública de un texto que “se ha hecho en un despacho y de espaldas a los ciudadanos” que, con él, “está en juego el proyecto común y el futuro” de Canarias.
En su opinión, se trata de una de las propuestas legislativas más importantes que se van a tramitar en la actual legislatura y, dada su incidencia en el desarrollo territorial, medioambiental y económico de las islas, plantea la necesidad de “promover un mayor” debate social.
“Se va conformando una opinión crítica en las formas y en el fondo” cuando se ha conocido el texto, que “ha dejado en evidencia a Clavijo y a su propaganda y estrategia simplista”, denuncia Román Rodríguez.
El presidente de NC mantiene que este anteproyecto de ley, como la reforma de la norma turística también promovida por Clavijo, son una “apuesta por un modelo desarrollista, que aniquila el trabajo de décadas” por la preservación del territorio, el medio ambiente y por un proyecto común de Canarias.
Es una apuesta por el “mercadeo” del territorio y del medio ambiente en contra de los intereses generales de la comunidad, según Nueva Canarias.
Cada uno de los 88 municipios y siete cabildos, continúa, decidirá su propuesta porque el Ejecutivo renuncia a sus competencias en la materia, y se trasladan todas las responsabilidades a las administraciones locales cuando, en la actualidad, “muchos municipios de las islas necesitan del Gobierno para redactar sus planes generales”.
Las consecuencias, según Rodríguez, serán que “no habrá una simplificación administrativa, que se provocará una mayor inseguridad jurídica y se incrementarán los litigios judiciales”.