Nueva Canarias ha explicado que un funcionario del Ayuntamiento de Mogán compaginaba en 2015 la actividad pública con un puesto activo en una empresa con actividad económica “sin solicitar en ningún momento ni la compatibilidad ni informar al consistorio del municipio grancanario de su actividad privada”.
Según la fuerza nacionalista el funcionario llamado Salvador Álvarez “reconoce de forma expresa” que la empresa de la que era apoderado y administrador único estuvo activa hasta hace dos años. Dicho funcionario, simpatizante de Ciuca, es una persona de total confianza de la alcaldesa: en la grabación que implica a Ciuca en la trama de la compra de votos aparece como la persona que trabajó en la financiación de la misma .
Para Nueva Canarias ha quedado demostrado el incumplimiento del funcionario en su deber de comunicar al Ayuntamiento el desarrollo de actividades privadas paralelas a sus funciones públicas, por lo que espera que “el secretario garantice el procedimiento y se le someta al correspondiente expediente disciplinario”.
El secretario municipal ya emitió un informe el pasado 11 de octubre donde advertía de la posible existencia de una situación de incompatibilidad en el actual coordinador de Servicios Públicos, Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Salvador Álvarez.
La portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha dirigido un escrito a la alcaldesa del consistorio, Onalia Bueno (Ciuca), y a la Primera teniente de Alcalde, la socialista Pino González, en el que no sólo pone en conocimiento de esta el contenido del escrito presentado por el funcionario en cuestión, sino que también les insta a que este asunto sea tratado “con rigor”, ya que “el funcionario se limita a decir que las empresas en las que ostentaba cargos orgánicos han cesado en su actividad económica, sin aportar documentación alguna que acredite la veracidad de sus palabras”.
Desde la formación nacionalista han solicitado a las representantes de Ciuca-Psoe que requieran al funcionario la documentación que acredite que las empresas han cursado la correspondiente baja en el registro mercantil, así como que el funcionario aporte la documentación pública que acredite que ya no ostenta ningún cargo en sus empresas.
“De lo contrario”, advierte Nueva Canarias, “el gobierno de Ciuca-Psoe estaría incurriendo de forma continuada en un incumplimiento flagrante de las obligaciones que les impone el artículo 20 de la Ley 53/1984, en relación con las posibles situaciones de incompatibilidad en la que podrían estar incursos los funcionarios y que deben prevenir y revertir”.
La formación nacionalista considera que todo ello puede suponer “un hecho muy grave” porque “el gobierno de Ciuca-Psoe no sólo eludió su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios en aplicación del artículo 20 de la Ley 53/1984, sino que además le subieron el sueldo en unos 27.000€ anuales y lo designaron coordinador de diversas áreas municipales”.