La diputada regional de Nueva Canarias (NC) Esther González ha hecho un llamamiento al Gobierno de Canarias, las corporaciones locales y la Administración del Estado en las islas para replantear las medidas puestas en marcha en la prevención y erradicación de la violencia machista.
La parlamentaria del grupo nacionalista progresista afirma en un comunicado que el repunte de mujeres fallecidas durante el último año evidencia que las políticas aplicadas se muestran “ineficaces”. Por ello, González propondrá al Parlamento que se adopte un acuerdo para, terminar de una vez, con las importantes deficiencias que presentan, entre otras, las unidades de valoración forense y los puntos de encuentro familiar.
La diputada de NC avanzó que, en la próxima convocatoria de la comisión de Justicia que analizará la última memoria de la Fiscalía Superior de Canarias correspondiente al ejercicio de 2018, solicitará “replantear” las medidas puestas en marcha o previstas en materia de educación, formación e información sobre la violencia machista.
En opinión de Esther González, “algo debemos estar haciendo mal cuando se ha producido un repunte” de esta lacra social, que “se ha llevado por delante” la vida de más del doble de mujeres que el año anterior.
La parlamentaria de NC coincidió con el responsable de la Fiscalía en la necesidad de reflexionar, prioritariamente, sobre las medidas puestas en marcha por el aumento además de los delitos contra la libertad sexual así como las agresiones y los abusos. Para esta portavoz, la ley canaria ofrece un “buen” marco normativo pero las políticas implantadas en materia de educación, formación e información “no deben ser las adecuadas, no están funcionando”.
González estima además que las actuaciones del Pacto estatal contra la Violencia de Género “tampoco deben estar desarrollándose con la intensidad que requiere este grave problema” a pesar de disponer de una importante financiación.
Desde el punto de vista asistencial, los nacionalistas progresistas consideran que “no se pueden prolongar más” las decificiencias que presentan las unidades de valoración forense. “Estamos ante uno de los mayores retos que tiene nuestro pueblo y no podemos permitir” que Las Palmas disponga de un psicólogo y un trabajador social y que se tarde hasta un año en elaborar los informes. La de Santa Cruz de Tenerife, denunció, los informes requieren entre seis y nueves meses, también está infradotada y asume además los procedimientos de familia.
Sobre los puntos de encuentro familiar, González coincide en que deben integrarse en la ley contra la violencia de género en lugar de considerarse como una prestación social.