Nueva Canarias, tal y como anunció en un comunicado hace una semana, ha procedido a registrar en el Ayuntamiento de Mogán un documento por el que interpone un Recurso Especial en materia de contratación contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán de 20 de noviembre de 2019 por el que se aprueba la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “Servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán”, así como contra los pliegos de prescripciones técnicas y la aprobación del expediente de contratación por un importe de más de 1,5 millones d euros.
En su escrito, Nueva Canarias entiende que se han producido varios incumplimientos de la ley de contratos del sector público (LCSP). Por un lado, sostiene que no se ha acreditado de forma precisa la idoneidad del contrato, incumpliendo así con lo establecido en el art. 28 de la LCSP.
En este sentido, el partido de la oposición hace hincapié en el “error en el que incurre la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, al sustentar su decisión, entre otras cuestiones, en el art. 51.2 de la CE que, lejos de referirse al derecho a la información de los ciudadanos, se confunde y se refiere a la obligación de los poderes públicos por promover la información y la educación de los consumidores y usuarios”.
Por otro lado, sostiene NC que el informe del técnico municipal en el que debe justificar la insuficiencia de medios materiales y humanos “pasa por alto que el Ayuntamiento creó una empresa pública, denominada Mogán Socio Cultural, para, entre otras cosas, encargarse de la promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión digital, por cable, etc. y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la demarcación de Mogán”, según sus estatutos.
NC añade que actualmente existe un contrato entre esta empresa municipal y Retevisión que está en vigor hasta octubre de 2021 por un importe de más de 94.000 euros.
Además, NC asegura que en el pleno del 22 de noviembre Ciuca acordó la encomienda de gestión a favor de la empresa para que preste el servicio de medios de comunicación. Por ellos, según NC “no resulta muy fiable el contenido del informe técnico, que solo tiene apariencia de legalidad y parece ser emitido pensando en dar cobertura a la voluntad de la alcaldesa”.
En tercer lugar, sostienen los nacionalistas que la junta de gobierno local no es órgano competente para adoptar un acuerdo que afecta a trabajadores que no son del Ayuntamiento sino de la empresa Mogán Socio Cultural, lo que supone un incumplimiento de los estatutos fundacionales de dicha entidad, que reconoce como órganos de gobierno al Pleno, constituido en Junta General, y a su Consejo de Administración.
Estos incumplimientos, junto con la más firme voluntad por defender los derechos de los trabajadores de la Televisión, así como mantener su carácter de medio público de comunicación, son las claves principales de esta actuación de NC. Su portavoz en el Ayuntamiento de Mogán, la concejala Isabel Santiago, ha afirmado, que esta decisión es responsabilidad de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de todos los miembros de la Junta de Gobierno, “a los que solo les preocupa cobrar su sueldo a final de mes, sin preguntar ni plantearse si es bueno privatizar una televisión pública, y qué va a ser de unos trabajadores que llevan más de diez años sacando adelante, con profesionalidad, un medio de comunicación público que es de todos los moganeros”.
“Onalia Bueno lo que ha hecho es privatizar el pluralismo político, implantar la censura y quitarse de encima a tres trabajadores”, sentenció la edil nacionalista.