La nueva Ley del Suelo de Canarias apenas modifica la polémica figura de los proyectos de interés insular

La regulación de los proyectos de interés insular en Canarias cambiará, pero poco. La modificación de la Ley del Suelo de las Islas, la norma que introdujo esta polémica figura en el Archipiélago, excluye de forma explícita las actuaciones turísticas alojativas, sin embargo, introduce un nuevo supuesto de interés general: los estudios de producciones audiovisuales, como Dreamland, en Gran Canaria, que irán a más en el Archipiélago. 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, liderada por Manuel Miranda, de Coalición Canaria (CC), ha anunciado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la apertura del trámite de información pública de la actualización de la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma, el proyecto legislativo estrella de la primera legislatura de Fernando Clavijo (CC) aprobado en 2017. 

La modificación de ley recoge una nueva definición de los proyectos de interés insular para, según el Gobierno autonómico, convertirlos en “una figura ordinaria, no excepcional”. Pero lo cierto es que el texto innova más bien poco en este sentido, manteniendo la estructura y los principios de la legislación vigente pese a que Coalición Canaria alertó en 2022 del “mal uso” con la que ha podido emplearse. 

El primer punto, y quizá el más relevante, es que la actualización de la norma excluye de manera explícita la promoción de actuaciones turísticas alojativas bajo el paraguas del interés insular. La de 2017 ya advertía de que solo podían tramitarse como tal las iniciativas turísticas “no alojativas”, pero la reforma de ahora hace esta aclaración por si había alguna duda.

Es cierto que el Cabildo de La Palma declaró de interés insular impulsar el controvertido “ecoresort” de La Pavona o un lujoso balneario a cuatro kilómetros del volcán, que sí cuentan con camas turísticas, pero la clave radica en que lo hizo para tramitar ambos planes como instrumentos de planificación singular turística, una herramienta recogida en la Ley de Islas Verdes de 2019.

De todas formas, el denominado “interés insular” sí ha servido para agilizar otros proyectos turísticos, como el polémico Underwater Garden, en Guía de Isora, Tenerife, un parque temático sobre suelo rústico de protección ambiental pensado en “ofrecer a turistas y residentes experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza” que no prevé nuevas camas ni villas de lujo. El Cabildo de Gran Canaria también ha pensado en esta figura para desbloquear el Siam Park del sur de la isla.

Otra novedad es la inclusión de los estudios de rodaje de películas, series y otras obras de producción audiovisual. La Consejería recuerda que el sector del cine tiene un “carácter estratégico” en las Islas. Y permitirá la declaración de interés general de proyectos por el estilo incluso en suelo rústico común, aunque con algunos requisitos: que tengan una inversión global mínima de 15 millones de euros, una superficie de al menos 50.000 metros cuadrados y la creación de un mínimo de 300 puestos de trabajo. 

Esta disposición llega poco después de los vaivenes que experimentó la iniciativa Dreamland, ahora en Telde, Gran Canaria, tras haber sido originalmente planteada en Fuerteventura. Allí, esta Ciudad del Cine, como así se dio a conocer, iba a ser levantada en una parcela de 150.000 metros de suelo rústico a medio kilómetro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El proyecto llegó a dinamitar el Cabildo insular. Se rompió el pacto de gobierno y la institución quedó de forma insólita en manos de tan solo dos consejeros. Y ante el rechazo generalizado de la población, el promotor cambió de estrategia y trasladó su idea a la isla redonda. 

El conflicto empujó a Coalición Canaria, junto con Podemos y el Partido Popular (PP), unión poco habitual, a registrar en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) que instara al Ejecutivo a revisar la Ley del Suelo y, “en especial”, el procedimiento de declaración de interés insular de proyectos de iniciativa privada. El texto apuntaba que había que matizar el marco normativo para “evitar” que los promotores llevaran a cabo iniciativas en suelo rústico y no en suelo urbanizado, pues en los primeros les resultaba mucho más rentable. 

“Esto nos ha llevado a poner en riesgo nuestro territorio, teniendo que recordar la fragilidad del territorio y de nuestro paisaje, con una superficie limitada, con unos recursos naturales de alto valor medioambiental y nuestro carácter de islas ultraperiféricas”, recogía la PNL. “Es posible que una buena herramienta concebida como excepcional termine convirtiéndose en mecanismo ordinario (…) al objeto de evadir la normativa urbanística y ambiental, asociando el negocio y la rentabilidad de estas iniciativas privadas al escaso valor económico del suelo rústico”, remachó. 

Pues bien, poco se ha innovado en la reforma de la Ley del Suelo para impedir eso. Los proyectos de interés insular respondían antes a actuaciones “de carácter estratégico, cuando se trate de atender necesidades sobrevenidas o urgentes”. Ahora lo harán para ejecutar iniciativas “de relevancia supramunicipal o suprainsular, por su incidencia territorial económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características”. 

Se conserva la posibilidad de que estos proyectos sean promovidos tanto por iniciativa pública como privada. También que puedan desarrollarse en cualquier clase de suelo, con limitaciones específicas para el suelo rústico de protección ambiental y agraria. Y, además, que sus determinaciones “prevalecerán sobre el planeamiento insular y municipal”, que será el que se adapte, en cualquier caso.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas dice que más de 700 profesionales de los ámbitos público y privado de la gestión del territorio han participado en la reforma de la norma. El Gobierno regional reconoce que algunos artículos han planteado “dudas interpretativas” sobre el modo en que debían ser aplicados o, incluso, “no han cumplido con su finalidad”. 

La nueva ley, en líneas generales, mantiene la columna vertebral de la anterior: un tratamiento diferenciado, “con una ordenación positiva y no prohibitiva”, del suelo en las Islas. Así, los usos complementarios a la actividad agraria que sean capaces de generar una “renta complementaria” a los propietarios de fincas, como las actividades turísticas o la producción de energías renovables, continúan presentes, lo que generó muchas críticas en el pasado. 

Por otro lado, el Ejecutivo afirma que se reducirá en un 40% el contenido de los planes generales, los plazos de tramitación “se reducirán al máximo permitido”, se limitarán fases y se “simplificará” la tramitación de los instrumentos de ordenación. “La actualización de la Ley del Suelo va a suponer un salto cualitativo en los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron hace más de siete años”, ha dicho el consejero Manuel Miranda. 

En materia sancionadora, la cuantía mínima de la sanciones leves pasa de 60 a 300 euros, y la de las graves de 300.000 hasta 600.000 euros. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ampliará los tiempos de intervención sobre las infracciones, duplicando el plazo de prescripción de los cuatro a los ocho años. Por último, los ayuntamientos verán incrementado su patrimonio de suelo público al incrementarse la cesión de aprovechamiento del 10 al 15%. 

Estas medidas, según el Gobierno canario, “permitirán avanzar hacia una gestión del suelo más eficiente y sostenible con las Islas, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico, protección medioambiental y bienestar social”. Esa premisa también estaba detrás de la norma en 2017. Pero ocho años más tarde, muchos canarios consideran que no viven en unas islas más sostenibles, como así manifestaron en las protestas masivas del 20 de abril de 2024.