LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una nueva sentencia que anula la segunda condena dictada contra el Gobierno de Canarias tras la demanda del empresario Félix Santiago Melián, que consideró lesionados sus derechos de edificación en Costa Botija, en el municipio grancanario de Gáldar, por la Ley de Directrices de Ordenación Turística, más conocida como moratoria turística.
Ésta es la segunda sentencia del TS que revoca decisiones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que le daba la razón a los empresarios y aprobaba indemnizaciones millonarias para éstos.
Nueva Canarias (NC) considera en un comunicado que “lo trascendental” de estas sentencias del TS es que consideran “ajustada a derecho” las medidas contempladas en la Ley de Directrices, aprobada en el año 2003, que limitaban el desorbitado crecimiento turístico que se daba en esas fechas y el “excesivo” consumo de suelo.
“SANGRÍA PARA LAS ARCAS PÚBLICAS”
Así pues, NC felicita y valora a los responsables de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de entonces que “armaron estos recursos ante el TS, que finalmente ha conseguido que prevalezca el interés general por encima de las reclamaciones particulares”.
La organización nacionalista espera que estas decisiones judiciales del TS se repitan en los casos que están aún pendientes ya que considera que, tanto en esta sentencia como en la emitida el pasado mes de abril --en relación a la demanda del empresario Teo Gerlarch, en el sur de Gran Canaria--, “son los ciudadanos quienes ven salvados sus intereses porque no supone sangría para las arcas públicas al no reconocer lesionados los derechos del promotor”.
Para NC, “el correctivo que el TS realiza de las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias despeja por ahora cualquier duda sobre la legalidad de la moratoria contemplada en la Ley de Directrices”.
A su entender, “deja patente que el interés general está por encima de la pretensión de unos pocos empresarios turísticos que han querido hacer del pleiteo contra la administración autonómica y la exigencia de indemnizaciones multimillonarias un lucrativo negocio sin generar ningún tipo de riqueza o empleo”.