Los vecinos de Ojos de Garza afectados por los planes de ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria barajan “tomar medidas de presión definitivas” para que las administraciones “asuman de una vez por todas los compromisos que han ido adquiriendo” con ellos, ha anunciado su portavoz, Margarita Alonso.
“La inoperancia y la falta de compromiso real de las administraciones públicas, particularmente del Ministerio de Fomento y su empresa pública Aena”, son las razones de que esos vecinos, que han llegado incluso a la huelga de hambre, se planteen reiniciar sus protestas, anuncia su portavoz en un comunicado difundido ante una reunión que se ha convocado este lunes para tratar sobre su situación.
Como presidenta de la llamada Asociación de Afectados por la Ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria, Alonso subraya que los representantes del colectivo “acuden sin demasiadas expectativas” a dicha convocatoria, en la que “se reunirá por vigésimo quinta vez la comisión interadministrativa creada para la reubicación de los vecinos de Ojos de Garza”, según detalla.
Y explica que su actitud se debe a que “el motivo principal de esta reunión es dar debida cuenta de las dificultades y avances obtenidos para la firma del convenio de colaboración entre Aena y el Gobierno de Canarias que posibilitaría la citada reubicación de los afectados” pero que estos dudan de que ese acuerdo se pueda cerrar en breve.
Esa falta de expectativas se produce “fundamentalmente por la falta de voluntad en este sentido por parte de Aena y del Ministerio de Fomento”, señala Margarita Alonso, que precisa que los afectados mantienen sus dudas a pesar de lo que “ha prometido la delegada del Gobierno (María del Carmen Hernández Bento) reiteradas veces”, al vaticinar una pronta firma del convenio.
Y añade: “De confirmarse esta situación, los vecinos se verán en la tesitura de la resignación o reiniciar las protestas públicas”.
Puesto que “está de más ya recalcar la situación de desamparo en que se encuentran los afectados por el Plan Director del Aeropuerto, sumidos en un limbo legal que es reiteradamente sostenido” durante casi trece años, destaca Alonso.