A la sombra de la bandera de los derechos humanos que ondea desde hace unos meses la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), se esconde una investigación por una presunta trama de compra de votos. A la máxima responsable de uno de los principales municipios turísticos del sur de Gran Canaria no le ha venido mal que el muelle de Arguineguín, que se encuentra dentro de su área de gestión, se haya convertido en un símbolo de la crisis migratoria que atraviesa Canarias. El pasado 17 de septiembre fue detenida por la Guardia Civil por un presunto delito electoral y contra la administración pública. Al día siguiente, se plantó a la entrada del puerto y justificó ante la prensa que su arresto “podría estar vinculado a su defensa por los derechos humanos” de los migrantes hacinados en el campamento del puerto. “Alzar la voz contra el Estado sale caro”, aseveró. Sin embargo, los hechos delictivos de los que se le acusa tuvieron lugar en las elecciones municipales de 2015 y 2019.
El día de la detención la alcaldesa se dirigía a las 9.30 de la mañana al muelle de Arguineguín, donde se había citado con la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor. De repente, una llamada le hacía saber que la Guardia Civil había entrado en dependencias municipales de Arguineguín con una orden de entrada y registro por un presunto delito de fraude electoral en las elecciones municipales de 2019. Bueno dio media vuelta de inmediato rumbo al Ayuntamiento. El equipo judicial de la Benemérita espera por ella para apagar los ordenadores e inspeccionar el establecimiento con la presencia de la alcaldesa en calidad de detenida. Mientras tanto, Ana Pastor llegó al muelle. Ante la ausencia de Onalia Bueno preguntó incrédula: “¿Y dónde está la alcaldesa?”. Nadie sabía nada.
Onalia Bueno se hizo con el Gobierno de Mogán en 2015 con su actual partido, Ciuca (Ciudadanos para el cambio), al volver a la política después de ser expulsada del PP en 2007. Mogán ha estado siempre en el ojo del huracán. La actual alcaldesa, durante su etapa como teniente de alcalde en 2007, fue detenida junto al entonces alcalde Paco González (PP) por una presunta trama de corrupción, el llamado caso Góndola. El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana investigó a Bueno por ocho delitos. Entre ellos el cohecho, por supuestos pagos irregulares a la constructora Grupo Europa a cambio de la adjudicación de un contrato de asistencia técnica a la empresa de vivienda del Ayuntamiento. El Grupo Europa también pagó el mitin que celebró en 2005 el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy junto a José Manuel Soria en Arguineguín. La alcaldesa, en el marco de esa misma causa, fue investigada por amenazas y un delito electoral por compra de votos y empadronamientos inexistentes en las elecciones de 2003. Incluso estuvo imputada por investigar por cuenta propia a la entonces jefa superior de Policía en Canarias, Concepción de Vega. Tras pasar por más de trece jueces, el caso fue archivado.
Un año antes de ganar las elecciones municipales y arrebatar, gracias a los votos del PSOE, la Alcaldía a su exjefe de filas Paco González, Onalia Bueno se convirtió en administradora única de la sociedad Ernesto Fernández Morales S.L. La alcaldesa había adquirido la empresa al 100% en 2008, tras un traspaso del que no figura rastro de cantidades entre Ernesto Fernández Morales, el dueño original y también pareja de Bueno, y ella misma. Tras tomar el bastón de mando, mantuvo la actividad económica de la entidad mientras ejercía como primera edil del municipio, incurriendo en incompatibilidades al no dirigirse al pleno para poder compaginar su cargo público con la actividad privada. Bueno defendió que la única actividad que mantuvo la entidad fue una inyección de 120.000 euros en 2017 por una presunta donación que le hizo su padre, a quien nombró en julio 2019 administrador único. Pero el cotejo de las cuentas anuales de la Sociedad Limitada evidenció que se produjeron movimientos para saldar deudas, que ascendían a los 128.540 euros, por servicios prestados por terceros entre 2014 y 2017.
El uso del dinero público del municipio por parte de la alcaldesa de Mogán ha sido objeto de críticas constantes por parte de la oposición, que incluso ha reclamado al Ministerio de Hacienda que intervenga sus cuentas. En octubre de 2019, el interventor municipal advertía que el Ayuntamiento de Mogán corría riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, al incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria durante 2018 (año electoral), y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.
Durante su mandato, Bueno gastó casi 5.000 euros en el alquiler de dos coches, a pesar de que en 2015 anunció que renunciaría a ese vehículo para reducir gastos. Nueva Canarias también denunció que el Ayuntamiento de Mogán tramitara una licencia de obra mayor para la construcción de una piscina en la casa de la alcaldesa en solo ocho días. En septiembre de este año, un grupo de activistas inició una huelga de hambre en el municipio después de que Bueno anunciara el desahucio de un espacio a la única organización de la zona dedicada al reparto de alimentos, alegando motivos higiénico-sanitarios.
Votos a 50 euros
La alcaldesa de Mogán ha salido airosa en todos estos casos y revalidó su mandato con mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2019. Tras los comicios, Nueva Canarias solicitó a la Junta Electoral Central que anulara el voto por correo del municipio de Mogán para estas elecciones, así como la candidatura encabezada por la actual alcaldesa, ante las investigaciones abiertas por la Guardia Civil tanto por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 como la manipulación del voto por correo. Cuatro meses después de celebrar la victoria, el equipo judicial de la Benemérita empleó casi diez horas de registros y volcado informático en las casas consistoriales del casco de Mogán, una operación mandatada por el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana.
Se buscaban evidencias documentales de que Ciuca amañó las elecciones de 2015 y las de de 2019 por medio de ayudas sociales y suculentos contratos; también pruebas de que se financiaban campañas a cambio de operaciones sobre el territorio y el erario público moganeros. Tras los primeros comicios que ganó el partido que Bueno montó en Mogán, una grabación descubría una conversación en la que uno de los responsables de la campaña del partido, José Monzón, conocido en el pueblo como Pepe El Japonés, explicaba al exalcalde Francisco González cómo Ciuca compraba votos. “¿Y cuánto pagaron por cada voto?”, se escucha en el audio que el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción presentó el pasado mes de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana: “50 euros”, respondía. A esta prueba se suma otra grabación en la que la propia alcaldesa de Mogán explica a un colaborador cómo debe manipular el voto por correo entre los vecinos: “De todas formas, si tienes dudas… lo importante es que cuando el sobre, que es enorme, llegue a la casa te llamen y no lo abran… para yo decirte cómo es el rollo”. “Tú tienes los DNI… y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada…”.
La alcaldesa y sus dos concejales quedaron en libertad con cargos, a la espera de que el juez Ramírez de Verger les tome declaración en próximas fechas como investigados por un delito electoral y contra la administración pública. Mientras tanto, Bueno ha pasado de llorar en público por “la lamentable situación de los migrantes en Arguineguín” a fletar tres guaguas hacia Las Palmas de Gran Canaria para sacar del puerto a 227 inmigrantes sin alternativa habitacional ni comida, siguiendo los pasos del exministro Soria, que echó a manguerazos a migrantes de las calles de la capital cuando él era alcalde. Este mismo viernes mandó a inspeccionar unos apartamentos que acogen a menores migrantes no acompañados después de amenazar a los hoteleros con multas de hasta 300.000 euros si a partir de enero cedían sus instalaciones a fines humanitarios.
Ahora encabeza un discurso descrito por la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias como “xenófobo y cuasifascista”. Con su protagonismo diario en la crisis migratoria de Canarias, Onalia Bueno ya alimenta la campaña electoral de 2023 y busca apoyos. El día que trasladó a los migrantes a la capital grancanaria estuvo acompañada por Israel Salas, ex vicesecretario de Organización de Vox en la provincia de Las Palmas y número 3 en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Fuentes del partido han confirmado a este periódico que Salas, que también fue Guardia Civil, dimitió hace unos pocos meses y que no mantiene una buena relación con la directiva actual. “Estará buscando dónde recolocarse”, apuntan estas fuentes. En las manifestaciones vecinales apoyadas por el Ayuntamiento, que se han celebrado bajo lemas como “no a la invasión”, también ha estado presente el diputado de Vox por Las Palmas Alberto Rodríguez.
Onalia Bueno ha acompañado también al líder de la oposición, Pablo Casado (PP), en una visita de media hora al campamento de Arguineguín, al que el presidente del partido no entró. La alcaldesa apoyó las declaraciones de Casado, que culpaban a Pedro Sánchez de haber provocado un “efecto llamada” a través de la ruta atlántica al recibir al Aquarius en 2018, barco que opera en el Mediterráneo. También señaló a Pablo Iglesias como responsable al defender “papeles para todos”. En su comparecencia, el líder del PP planteó como soluciones las expulsiones de inmigrantes desde Canarias hacia los países africanos y evitó posicionarse sobre los traslados a la Península.
Antes de que Casado llegara al puerto, Onalia Bueno pidió a un joven que aterrizó desde Dinamarca para encontrar a su hermano en Gran Canaria que permaneciera allí hasta que llegara el presidente del PP. Luego, ante las cámaras, lo llamó para que le contara al popular su desesperación por localizar a su familiar al no saber si estaba vivo o muerto. “Buena suerte”, le respondió Casado mientras le daba una palmada en el hombro.