El Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC) y Podemos llevarán al pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa para destituir al presidente del Consejo Rector de la RadioTelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, por su decisión de arrogarse las competencias para publicar el pliego del concurso de informativos.
La decisión, adoptada este lunes en la Junta de Portavoces, se produce el mismo día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria para la prestación de este servicio para los próximos nueve años por 144 millones de euros, a razón de 18 millones el año, salvo el primer y último pagos, que serán de nueve millones de euros. La fecha propuesta para el pleno es el 15 de noviembre, media hora después de la finalización de la sesión ordinaria.
La iniciativa contará con el apoyo de, al menos, los 24 diputados de PP, NC y Podemos. Los otros dos partidos en la oposición, el PSOE (15 diputados) y ASG (3), no han firmado la propuesta. Fuentes oficiales de los socialistas han precisado a este periódico que el partido no va a adoptar ninguna decisión con respecto a la posible destitución de Negrín al frente de la Televisión Canaria hasta que los órganos del partido se pronuncien en la Ejecutiva extraordinaria que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Tenerife.
Los partidos de la oposición ya habían puesto sobre la mesa el relevo de Negrín en una Comisión de Control celebrada en julio. Con el PP, NC, Podemos y el PSOE de acuerdo en forzar el adiós del periodista de la Presidencia del Consejo Rector, septiembre se barajaba como la fecha probable de la salida. Sin embargo, esa iniciativa se ha ido postergando y no ha sido hasta este lunes cuando se ha promovido la primera acción para materializar la voluntad expresada por los cuatros partidos en verano.
La nueva dirección parlamentaria del PSOE, con Ángel Víctor Torres como presidente del grupo y Dolores Corujo como portavoz, se ha descolgado y ha aplazado su decisión hasta la Ejecutiva del 13 de noviembre. Se da la circunstancia de que el PP ha firmado la iniciativa una semana después de dar su apoyo a Coalición Canaria (CC) para aprobar las cuentas regionales para 2018.
Por su parte, CC ha manifestado al término de la Junta de Portavoces que pedirá que se cubran las vacantes en el Consejo Rector y que se reforme la ley y ha remarcado que los problemas en RadioTelevisión Canaria “no están relacionados” con las personas que están al frente de la corporación.
Para destituir a Santiago Negrín es necesario el voto favorable de dos tercios de la Cámara Autonómica, lo que se traduce en 36 diputados. PP, NC y Podemos suman 24. Si el PSOE acaba apoyando la iniciativa, la cifra aumentaría hasta los 39 diputados. Con estos números se podría forzar una segunda votación en el Parlamento y en ese momento bastaría con una mayoría de tres quintos.
Dudas jurídicas
El PSOE emitió el pasado sábado un comunicado en el que exigía al Gobierno que emitiera un informe para despejar las “dudas jurídicas” que plantea el concurso de informativos y amenazaba con proponer el relevo de Negrín. Los socialistas consideran que, hasta ahora, todos los intentos por aclarar las garantías del concurso se han limitado a informes que “no entran en el fondo de la cuestión o se limitan a declararse incompetentes”.
Negrín convocó el pasado mes de agosto de forma unilateral este concurso de 144 millones de euros. Lo hizo después de que fuera advertido por la oposición de que estaba pervirtiendo la Ley con esa decisión. A ello se le suman informes que han cuestionado una validez jurídica que el presidente del Consejo Rector de RTVC sustenta en un intercambio de correos la víspera de convocarse.
En el expediente no hay ni un solo informe jurídico que avale al presidente de la corporación para operar como órgano de contratación unipersonal, condición que se atribuyó para publicar la licitación sin someterse al consejo rector del órgano, donde no tiene ni la mayoría ni el quorum suficiente para convocarlo. Negrín desoyó un informe de Martín Orozco, un histórico asesor del ente, que desautorizaba de plano la personalidad jurídica del órgano de contratación escogido. En este expediente también figura un informe con fechas manipuladas.