El acuerdo de gobernanza entre Partido Popular y Coalición Canaria modificará en los próximos cuatro años las políticas que estaban llevándose a cabo en el Archipiélago sobre Cambio Climático y Vivienda. El pacto entre ambas formaciones promete “reformas” en la ley impulsada por el departamento de Transición Ecológica, recientemente aprobada, y no recoge nada sobre la Ley de Vivienda estatal, de aplicación autonómica, a pesar de explicitar en el texto el concepto de “localidades tensionadas” en el mercado residencial canario.
Tanto la formación nacionalista conservadora como los populares no prevén una revolución legislativa con respecto a lo aprobado en la última legislatura, en la que precisamente ha reinado el consenso y el Parlamento autonómico ha sido líder nacional en este sentido, solo por detrás de Cataluña. Sin embargo, todo apunta a que sí habrá modificaciones en dos áreas claves para el futuro próximo y no tan próximo de Canarias: la lucha contra el calentamiento global y el acceso a una vivienda digna.
“Reformas” en la ley climática
El programa firmado este mismo martes entre los dos partidos augura “reformas para mejorar la eficacia” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la más ambiciosa de España, pues espera alcanzar la neutralidad climática en 2040, mientras que la mayoría de territorios nacionales y comunitarios han marcado como fecha límite 2050, y también la más participativa en la historia de la comunidad, según ha dicho el propio presidente regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública.
Coalición Canaria votó a favor de esta norma, aprobada a finales del curso pasado después de una larga travesía burocrática, pero el Partido Popular la rechazó, llegando a asegurar que se trata de una legislación “100% intervencionista que entorpece y desincentiva el desarrollo de la economía canaria con más cargas burocráticas y (…) para la sociedad”.
El líder de los populares en las Islas, Manuel Domínguez, declaró durante la campaña electoral que estaría dispuesto a derogar la mencionada ley y redactar una nueva haciendo una “clara apuesta” por la implantación del gas natural, entre otras cosas, medida ampliamente rechazada por grupos ecologistas.
En el texto que rubrica la alianza entre PP y CC no consta tal medida ni nada por el estilo (de hecho, lo que concierne a la crisis climática solo figura en dos pequeños párrafos del documento, de unas 18 páginas), así que todavía es una incógnita qué nuevas políticas aplicarán ambas fuerzas.
Por otro lado, Coalición Canaria detalla en su programa electoral que quiere “desarrollar” la ley redactada por el departamento de José Antonio Valbuena (PSOE), aunque también cita la necesidad de “aligerar los trámites y la burocracia para facilitar” la instalación de la energía off-shore en el mar del Archipiélago.
Las propuestas de CC en esta ocasión poco o nada tienen que ver a cuando gobernó entre 2015 y 2019, cuando una diputada de la agrupación nacionalista, Nieves Lady Barreto, llegó a reconocer en sede parlamentaria que el Ejecutivo autonómico de por entonces no se tomaba en serio el calentamiento global porque “ninguna administración del mundo lo hacía”. Además, el secretario general del partido, Fernando Clavijo, frustró la creación en Gran Canaria del primer centro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el cambio climático.
Según el acuerdo entre PP y CC, el Partido Popular coordinará las materias relacionadas con la transición ecológica y la Energía.
Ninguna mención a la ley nacional de Vivienda
El acceso a una vivienda digna es uno de los problemas que más preocupa a la población canaria. El Archipiélago cuenta actualmente con un Plan de Vivienda, aprobado por los partidos que conforman el Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) y también había mostrado disposición a aplicar en la autonomía la Ley de Vivienda estatal, acordada hace unas pocas semanas.
Pero ese marco legislativo podría sufrir una pequeña desviación de aquí a 2027. Coalición Canaria y Partido Popular prometen impulsar un nuevo “Pacto por la Vivienda” para “desbloquear los proyectos que se encuentran paralizados en materia de vivienda pública y agilizar aquellas iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyan a abaratar los actuales precios del mercado”.
El acuerdo reconoce “las dificultades para acceder a una vivienda” en las Islas, el encarecimiento de los inmuebles y la problemática que esto significa para los jóvenes. También hace mención de las “localidades tensionadas” del mercado del alquiler en el Archipiélago, un concepto que ha ganado popularidad en España con la tramitación de la Ley de Vivienda estatal y que PP y CC utilizan, pero sin hacer referencia a la norma nacional ni mostrar, aparentemente, predisposición de aplicarla.
El pasado mes de abril, la portavoz nacionalista de CC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, llegó a calificar la Ley de Vivienda como un “disparate” y “en clave electoralista”. Para la diputada, “el problema de la vivienda es distinto” en cada territorio de Canarias y recordó que se trata de una competencia de las comunidades autónomas. Coalición Canaria votó en contra de la norma y terminó por acusar al PSOE de “engañar a la gente”.
La formación nacionalista ha propuesto en su programa electoral un “Plan 5.0” en este sentido, con la puesta en el mercado de 7.000 viviendas y la rehabilitación de domicilios, más ayudas al alquiler y proyectos de vivienda colaborativa. No obstante, CC, que gestionará el departamento de Vivienda en la próxima legislatura, rebajó considerablemente el gasto en esta área en sus últimos años de gobernanza.
Un informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, herramienta adjunta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destaca que la inversión en Vivienda a principios de siglo en Canarias rozaba los 100 millones de euros anuales, mientras que entre 2015 y 2019, la última legislatura con CC en el poder regional, el gasto medio anual apenas fue de 75,56 millones. Entre 2012 y 2019, en las Islas fueron construidas 452 viviendas protegidas, una cifra ínfima en comparación con otros registros autonómicos, y todas ellas correspondían al plan de entre 2005 y 2008.
El PP, por su parte, aspira a actualizar la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias “al objeto de dar seguridad jurídica tanto al arrendados como al arrendatario”. Los populares también pretenden impulsar la lucha contra “la ocupación ilegal” en el Archipiélago creando una oficina específica para las víctimas, entre otras medidas.