Las Palmas de Gran Canaria fija el objetivo de recuperar la Base Naval
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este martes, por unanimidad, propiciar la constitución de una mesa de trabajo en la que negociar con todas las instituciones implicadas la recuperación para la ciudad de los terrenos que ocupa la Base Naval de la Armada.
El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ha leído durante la sesión una declaración consensuada por todos los grupos en la que se defiende que la Base Naval es un espacio que “fue arrebatado a la ciudad” hace 76 años “con un pretexto que ha quedado caduco, sin recibir a cambio ningún tipo de contraprestación”.
La declaración recuerda que la Armada ocupó esa zona de los muelles, próxima a Santa Catalina, en 1940, con el pretexto de que las islas podían ser atacadas durante la II Guerra Mundial.
Sin embargo, remarca el Ayuntamiento, “76 años después, estas instalaciones siguen formando parte privativa de la Armada española, pese a los numerosos llamamientos que desde diversas corporaciones municipales se han realizado en los últimos 12 años al Gobierno de España para que devuelva a la ciudad este espacio de algo más de 15.000 metros cuadrados”.
El pasado 17 de marzo, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad una proposición no de ley presentada por el diputado de NC (y segundo teniente de alcalde de la ciudad), Pedro Quevedo, sobre la recuperación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria para disfrute de los vecinos.
“A este hecho se le deben sumar las dos iniciativas municipales que las antecedieron y que son junto con la proposición no de ley los reconocimientos institucionales más importantes de cara a recuperar el espacio”, ha apuntado el alcalde Augusto Hidalgo.
Con la propuesta aprobada este martes por el pleno municipal, el Consistorio hace un llamamiento a integrarse “activamente” en la futura mesa de trabajo para la recuperación de la Base Naval al Ministerio de Defensa, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
El Ayuntamiento sugiere que ese grupo de trabajo tenga tres cometidos: estudiar las posibles alternativas para dar una nueva ubicación a la Base Naval de Gran Canaria que reúna los requisitos operativos, logísticos y estratégicos necesarios para las Fuerzas Armadas y la defensa; calcular el coste de acondicionamiento del nuevo emplazamiento; y, por último, definir las posibles vías para la cesión a la ciudad del espacio actual de la Armada.
“En definitiva, se trata de determinar el futuro de un área clave para la ciudad, tanto por su contacto con el mar, como por constituir un espacio potencialmente receptor de equipamientos y dotaciones destinado al espacio público y de ocio de los ciudadanos”, concluye la declaración institucional pactada por los representantes municipales del PSOE, Las Palmas Puede, Nueva Canarias, PP, Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria.