El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no trató en su comisión permanente del martes la prórroga solicitada para alargar la comisión de servicio concedida al juez César Romero Pamparacuatro para que continúe instruyendo el caso Unión y cuyo plazo termina este viernes.
El juez solicitó una prórroga a principios de diciembre que fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio el visto bueno. Para que la prórroga se conceda tiene que aprobarla primero la comisión permanente del CGPJ y después, aprobar la partida económica correspondiente el Ministerio de Justicia.
La solicitud de prórroga no se ha tratado en la comisión de este martes, así que, como muy pronto, no se tratará hasta el martes que viene, 28 de diciembre. La comisión de servicios la solicitó el juez para seguir con el caso tras su traslado al Juzgado de instrucción número 1 de La Laguna y se le concedió el pasado 24 de septiembre por un plazo de tres meses. En caso de que no se conceda la prórroga el caso pasaría a manos del actual titular del Juzgado número 5 de Arrecife.
El magistrado ya no podrá acceder al sumario a partir de este viernes ni ordenar ninguna diligencia, así que hasta que no dé el visto bueno el Ministerio, el caso quedará en suspenso. El sumario tiene unos 30.000 folios, la mayor parte de ellos aún secretos, y a lo largo de su instrucción, que se inició en la primavera de 2008, se ha ordenado la detención de cincuenta y seis personas, mientras que al Guardia Civil ha imputado a un centenar, entre políticos, empresarios y funcionarios.
El caso, que ahora impulsa la Fiscalía Anticorrupción por el volumen de dinero, la complejidad de las tramas y el carácter de los delitos, tiene dos ramas principales; por un lado el intento de soborno del empresario Luis Lleó al secretario insular del PSOE, Carlos Espino, para desbloquear una operación urbanística en Playa Blanca, y por otro, la red de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, aunque también tiene una gran cantidad de casos que acabarán siendo piezas separadas de la instrucción.
Asociación ilícita
Respecto la red que operaba en Arrecife, vinculada principalmente al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y cuyo líder sería Dimas Martín, se sigue la tesis de que se trata de una asociación ilícita que se alarga al menos desde el año 2002, cuando se prorroga el contrato con la empresa Urbaser, hasta el año 2009. Esta empresa ha acabado siendo uno de los principales ejes de la investigación y se ha llegado a detener a cinco de sus directivos.
Entre los arrestados, además de Dimas Martín, se encuentran la ex alcaldesa de Arrecife y ex parlamentaria, María Isabel Déniz, el ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, cuatro concejales del PIL Arrecife, el ex vicepresidente del Cabildo con el PSOE, Segundo Rodríguez, el ex secretario de la agrupación socialista de Arrecife, Miguel Leal, el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, Francisco Armas, ex presidente de la patronal hotelera de Lanzarote, el empresario Juan Francisco Rosa o el ex presidente de la patronal Exceltur, José María Rossell, entre otros.
Aunque no se prevé que haya más detenciones, la instrucción del caso podría alargarse aún más de un año hasta que se vayan cerrando todas las piezas separadas y se puedan elevar a juicio oral las principales tramas que se investigan.