Las participantes en el I Encuentro de Parlamentarias Canarias-África (EPCA) promoverán unas veinte acciones en el ámbito social, político y económico para garantizar la plena igualdad de género.
Así se recoge en el documento de compromiso aprobado durante la última jornada del encuentro, que desde el pasado lunes reúne en las islas a 46 parlamentarias de Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali, Cabo Verde y Gambia con parlamentarias canarias para intercambiar ideas y experiencias y trabajar en una agenda común para las mujeres.
Para las parlamentarias, la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad es una necesidad democrática y de justicia, así como un requisito ineludible para lograr un desarrollo humano justo y sostenible.
Entre las conclusiones pactadas, las parlamentarias de Canarias y África han acordado promover la aprobación de medidas legales para que en los sistemas de contratación pública se reserve una cuota de participación a las empresas lideradas por mujeres o que están especialmente comprometidas con la igualdad.
Asimismo opinan que el liderazgo de las mujeres en los parlamentos es la garantía para eliminar y erradicar discriminaciones y avanzar en derechos, libertades y oportunidades para todos y coinciden en que su trabajo debe abarcar, además de la representación y defensa de los intereses generales de la ciudadanía, el impulso a los derechos y oportunidades de las mujeres.
En el documento, las parlamentarios se comprometen a trabajar para asegurar que todas las iniciativas legislativas contemplen el impacto de género, sobre todo aquellas que contengan disposiciones de carácter económico y presupuestario.
Acordaron además promover un debate anual en sus respectivos parlamentos sobre la situación de las mujeres, con motivo del Día Internacional el 8 de marzo e impulsar medidas de discriminación positiva que, según afirman, se ha demostrado que contribuyen de manera decisiva “a romper el techo de cristal que todavía dificulta el acceso de las mujeres a los puestos de representación y decisión política”.
Entre los acuerdos alcanzados en el ámbito social destaca la voluntad de todas las parlamentarias de conseguir que la violencia que se ejerce en todo el mundo contra las mujeres y las niñas sea tipificada y castigada en los códigos penales como un crimen contra la integridad, la dignidad y la libertad de las personas, y esta lacra sea considerada uno de los grandes temas pendientes de la comunidad global.
Al respecto acordaron introducir mecanismos para observar y medir la violencia que se ejerce contra las mujeres mediante herramientas estadísticas que muestren su verdadera dimensión y permitan establecer políticas públicas integrales para combatirla.
Impulsar la mejora de la salud materno-infantil y sensibilizar a gobiernos, organizaciones y a la sociedad en general para situar a las mujeres, que son las que mayoritariamente se dedican a la agricultura, especialmente en África, en el centro de la lucha contra las consecuencias del cambio climático, son otras de las conclusiones incluidas en el informe.
En el acto de clausura del encuentro intervino la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, quien incidió en la necesidad eliminar “las expectativas personales no vengan determinadas por ser hombre o mujer” y alentó a la comunidad internacional a proteger a las mujeres que se vean sometidas en cualquier parte del mundo, para que alcancen sus metas y “no vean truncados sus sueños”.
“Vivimos en un país donde la discriminación se llama violencia de género, se llama brecha salarial, se llama recortes en el estado de bienestar, que impactan sobre todo en las mujeres”, explicó Patricia Hernández, quien destacó el hecho de que en muchos países “esta discriminación se llama mortalidad femenina o matrimonios forzados que truncan cualquier posibilidad o expectativa de vida de las mujeres y también se llama mutilación genital”.
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, según señala una nota de prensa, de denunció la trata de mujeres y niñas, muchas de ellas procedentes de países africanos en conflicto, que son mercadeadas aquí, lo que calificó como acto “intolerable, que nos degrada como sociedad”.