El Parlamento de Canarias incumplirá el Estatuto de Autonomía: tres años sin ley electoral

El Parlamento de Canarias está abocado a incumplir el Estatuto de Autonomía el próximo 6 de noviembre, día en que se cumplen tres años de la entrada en vigor de esta norma, que establece un plazo de justamente tres años para haber aprobado una ley que regule el régimen electoral.

Los planes y compromisos “ineludibles” adquiridos por la Mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces y el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, no han fructificado y la ponencia en la que debería haberse debatido una proposición de ley para someter a la consideración del pleno no se ha constituido.

“El Parlamento de Canarias elaborará, en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomía, la ley a que se refiere el artículo 39.2”, detalla la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía. Y a su vez, el artículo 39.2 sentencia que “una ley del Parlamento de Canarias aprobada por una mayoría de tres quintos, a iniciativa de sus miembros, regulará el régimen electoral”.

Pocos días antes del confinamiento, en marzo de 2020, la Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces se comprometieron a cumplir “estrictamente” el plazo establecido en el Estatuto de Autonomía para tener aprobada la ley electoral.

Celebraron una reunión extraordinaria para tratar este asunto y llegaron a acordar un calendario inicial, de manera que la ponencia parlamentaria habría de comenzar sus trabajos en septiembre de 2020, para así tramitar la proposición de ley en comisión en el primer trimestre de 2021 y tener la norma aprobada por el pleno antes del verano de este año.

“Garantizamos que la ley se aprobará en el plazo que dice el Estatuto”, afirmó entonces el presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Tres días después de esta reunión se decretó el estado de alarma y el confinamiento, pero superado este, el Parlamento, aunque cambió de planes, no abandonó del todo sus propósitos.

En enero de este año, Gustavo Matos confiaba aún en que se cumpliría “el compromiso ineludible” de tener aprobada una ley que dé seguridad jurídica al sistema electoral antes del 6 de noviembre.

Una “prioridad” que pasó a un segundo plano

La pandemia alteró de manera significativa los planes, pero la redacción de esa ley seguía siendo “una de las prioridades de esta décima legislatura”, según Matos, para quien el Parlamento es “el primero que debe dar ejemplo y cumplir la norma básica de la comunidad autónoma”.

A falta de ley electoral, el Estatuto de 2018 prevé que, mientras esta no exista, se aplique el sistema que se acordó para las elecciones de 2019, con un total de 70 escaños (tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma, 15 por Tenerife y nueve por la circunscripción autonómica).

Para las circunscripciones insulares, solo se tienen en cuenta las listas con al menos el 15% de los votos en la circunscripción insular o el 4% en toda la comunidad autónoma.

Para la circunscripción autonómica, sólo se tienen en cuenta las listas con al menos el 4% de los votos válidos de Canarias.

Cuando el Parlamento decida elaborar una ley, tendrá que tener en cuenta unas bases fijadas en el Estatuto de Autonomía, entre ellas que el sistema electoral será el de representación proporcional y que el número de diputados no será inferior a 50 ni superior a 75.

También establece el Estatuto que en la eventual ley electoral las circunscripciones electorales podrán ser de ámbito autonómico, insular o de ambas.

Así, cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituyen una circunscripción electoral.

La ley también deberá fijar cuántos diputados corresponden a cada circunscripción y el porcentaje mínimo de votos que deben obtener las listas electorales para acceder al reparto de escaños.

Finalmente, obliga a que a ninguna circunscripción insular se le podrá asignar un número de diputados inferior a otra que tenga menos población de derecho.

La pandemia... y otros motivos del retraso

El pasado mes de agosto, este periódico ya informó de que no iba a cumplirse lo dispuesto en el renovado Estatuto de Autonomía y, en aquel momento, fuentes parlamentarias no solo señalaron a la pandemia como motivo del estancamiento, sino que también sugirieron que una reforma electoral más ambiciosa, con una lista autonómica mayor (la de ahora solo recoge nueve diputados), es un tema peliagudo por el rechazo que han manifestado Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), presidida por Casimiro Curbelo. Este partido es el ejemplo paradigmático de la ley electoral vigente en Canarias, ya que se da el caso de que con apenas 6.000 votos logró tres diputados en el Parlamento, mientras que Podemos, con alrededor de 80.000 papeletas, obtuvo cuatro, solo uno más que ASG. 

Así, la ley actual, que tendría que haberse modificado antes del 6 de noviembre, sigue reconociendo un valor de voto mucho mayor (de 13/1) para los habitantes de las islas no capitalinas. El resultado final es que el 17% de la población canaria elige a la mitad del Parlamento autonómico y el 83% restante, a la otra mitad. Y esta regla es la que desea conservar el líder de ASG, Casimiro Curbelo, sabedor de que ir más allá de lo que establece el Estatuto de Autonomía reduciría su influencia dentro del tablero político del Archipiélago. Con una ley más justa y proporcional, la influencia de ASG en la política canaria quedaría relegada a un papel mucho menos determinante, de ahí que dentro del Parlamento, además de pandemias y otras cuestiones logísticas, haya también movimientos para que esa reforma no vea la luz.

También se da el llamativo caso de la diputada tránsfuga Vidina Espino, quien afirmó en julio que dejaba Ciudadanos porque el partido no respetaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias ni su Estatuto de Autonomía, y ahora que la Cámara va a hacer eso precisamente no adopta la misma postura ni abandona su escaño.