El Parlamento de Canarias ha instado este martes a reducir o eliminar el pago de licencias para edificar viviendas de autoconstrucción en función de los niveles de renta, lo que ha criticado Nueva Canarias-Bloque Canarista por objetar que supone una exención para construir “chaletazos”.
Esta propuesta partía de una enmienda de Agrupación Socialista Gomera a una proposición no de ley del grupo Nacionalista, que defendió la diputada Vidina Espino, para adoptar medidas relativas a la emergencia habitacional en Canarias y que contó con el respaldo de la Cámara, aún con la advertencia de Vox de que “hay que poner las pilas” al consejero del área, Pablo Rodríguez.
Las medidas incluidas en la proposición fueron ampliadas a través de una enmienda transaccional a los primeros tres puntos solicitados por el grupo Nacionalista, entre ellos, el de pedir al Gobierno que regule la habilitación de colaboradores terceros para verificar y controlar el cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal, con el fin de agilizar los procesos de construcción de viviendas, en especial, las protegidas.
Con la habilitación a terceros se pretende facilitar la gestión y tramitación de licencias urbanísticas de manera más eficiente, dado que se ha identificado que uno de los principales obstáculos que enfrenta la construcción de viviendas, y que impide aumentar la oferta de forma expedita, son los plazos excesivamente prolongados en la tramitación de las licencias urbanísticas en los municipios.
Esta dilación no solo impide, sino que también desincentiva la construcción de viviendas, según el grupo Nacionalista, quien plantea la regulación de esta habilitación a terceros para asegurar que las solicitudes de licencias se presenten ante los ayuntamientos de manera correcta y completa, acortando así los plazos de tramitación.
Sobre este punto se mostró en contra el grupo Socialista, cuya diputada Patricia Hernández objetó que esta tarea corresponde exclusivamente a empleados públicos, al tiempo que la parlamentaria de NC-BC Carmen Hernández tildó esta proposición no de ley de “autoenmienda” del Gobierno a su decreto de emergencia habitacional.
Además en la proposición se pide impulsar el sistema de cooperativas de viviendas para fomentar la construcción de viviendas de manera más justa y equilibrada, así como realizar modificaciones en el programa de vivienda vacía e incorpore incentivos fiscales para los propietarios que decidan poner sus viviendas en dicho programa.
En cuanto a la enmienda propuesta por ASG, se pide al Gobierno que busque con los ayuntamientos una alternativa para reducir o eliminar de forma circunstancial el pago de licencias para la autoconstrucción de viviendas unifamiliares, en función de los niveles de renta.
También se insta al Gobierno de Canarias a que, tal y como recoge el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, se de cumplimiento a la Disposición adicional vigésima segunda impulsando el desarrollo reglamentario que permite implementar la modalidad alojativa en lo relativo a la Vivienda colaborativa.
Este conjunto de medidas busca facilitar y agilizar los procesos necesarios para la construcción y puesta a disposición de viviendas protegidas, mediante la utilización de suelo público, el cambio de uso de parcelas y edificaciones, y la rehabilitación de inmuebles inacabados, se indica en la proposición.
También se considera esencial reconocer el papel fundamental que los municipios y cabildos insulares pueden desempeñar en la implementación de estas medidas, pues su colaboración es fundamental para asegurar que estas disposiciones legales se traduzcan en acciones concretas que mejoren el acceso a la vivienda para nuestros ciudadanos.
Y los cabildos insulares, por su parte, deben apoyar a los municipios mediante programas de ayuda para la compra de suelo apto para la construcción de viviendas cediéndolos al Icavi o Visocan para construir directamente viviendas protegidas, continúa la iniciativa.
Asimismo, los cabildos deben crear oficinas técnicas que asesoren a los municipios que lo necesiten para conseguir una gestión más ágil de sus licencias urbanísticas y apoyar la propuesta de habilitación a terceros para la gestión y tramitación de dichas licencias.