La reforma del Estatuto de Autonomía que aprobó el Parlamento de Canarias en octubre de 2018 fija que los miembros de la Cámara deberán elaborar, en un plazo no superior a tres años, la nueva ley electoral que regule el sistema de representación del Archipiélago. A pocas semanas para que esa fecha se cumpla, la posibilidad de que la disposición transitoria actual se prorrogue gana enteros, con algunas fuerzas políticas viendo “muy difícil” que se obedezca con lo dictado por el fuero de los canarios.
La X legislatura ha transcurrido sin ninguna reunión sobre este asunto más allá del intercambio informal de opiniones en los pasillos. Fuentes parlamentarias atribuyen el estancamiento a la urgencia de la pandemia, que según sus palabras ha copado la actualidad de las Islas sin margen para otras cuestiones. Pero también sugieren que una reforma electoral más ambiciosa, con una lista autonómica mayor (la de ahora solo recoge nueve diputados), es un tema peliagudo por el rechazo que han manifestado Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG).
En teoría los tres años de plazo que brindó la aprobación de la modificación del Estatuto de Autonomía ofrecían la posibilidad de valorar el impacto del nuevo sistema de representación en 2019, con la celebración de las elecciones autonómicas en el Archipiélago, y profundizar en él si no se apreciaran cambios destacables. Es la postura que reivindica el PSOE, recordando que los resultados de los últimos comicios apenas modificaron el equilibrio de fuerzas y siguieron legitimando la desproporcionalidad en el voto. Un ejemplo paradigmático: ASG obtuvo tres diputados con poco más de 6.000 votos, mientras que Podemos se hizo con cuatro con alrededor de 80.000 papeletas.
La reforma electoral canaria dejó atrás (a medias) la norma de la triple paridad, una de las fórmulas más injustas de Europa, gracias al escaño adicional que ganó Fuerteventura y la creación de una lista autonómica de nueve diputados que incrementó a 70 el número de asientos en el Parlamento. Sin embargo, aún sigue reconociendo un valor de voto mucho mayor, de 13/1, para los habitantes de las islas no capitalinas. El resultado final es que el 17% de la población elige a la mitad del Parlamento y el 83% a la otra mitad. Y esta regla es la que desea conservar el líder de ASG, Casimiro Curbelo, sabedor de que ir más allá de lo que establece el Estatuto de Autonomía reduciría su influencia dentro del tablero político del Archipiélago.
Es en el marco actual en el que Curbelo está explorando extender sus lazos por el resto de las islas para crear una agrupación de partidos regionalistas y postularse como presidente de Canarias. Así, espera ganar algunos votos más, inflar su autoridad y ser mucho más decisivo en las próximas negociaciones para conformar Ejecutivo, al igual que ocurrió hace dos años cuando estuvo a punto de alcanzar un acuerdo con Coalición Canaria, PP y Ciudadanos, pero finalmente se decantó por un pacto de izquierdas.
El líder gomero restó hierro a sus aspiraciones presidenciales la semana pasada, asegurando que no es momento de cambios ni de cálculos de poder, pero también dejó claro que no está contento con el Gobierno de Ángel Víctor Torres y por eso quiere “promover una apuesta mayor”. Para ello ya se ha puesto en marcha de la mano de Saúl Ramírez, ex de Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria, y le ha abierto la puerta a Vidina Espino, quien recientemente anunció su salida de la formación naranja.
No hay sanción ni prisas
El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha reiterado su confianza en que habrá ley electoral antes de noviembre. En unas declaraciones ofrecidas este jueves a modo de balance del curso ha dicho que entre enero y julio de 2021 se celebraron 291 reuniones de los distintos órganos y se presentaron 4.854 iniciativas. “La actividad de la Cámara roza un aumento del 30%”, ha defendido Matos. No parece que la aprobación de la ley electoral haya sido motivo de ese incremento.
según se desprende de los grupos parlamentarios, que sí se movilizaron en tromba para no perder los incentivos fiscales al cine que recoge el REF, entre otras cuestiones.
En el supuesto de no se apruebe la disposición en el plazo fijado no habrá ningún tipo de sanción o multa. No es más que un “mandato político”, defiende una fuente socialista, que compara esta vulneración del Estatuto de Autonomía con la que puede cometer un ayuntamiento al aprobar un plan de ordenación años después de lo pactado. Tampoco es que tengan mucha prisa. El Parlamento movió cielo y tierra para no perder los incentivos fiscales al cine que recoge el REF. En esta materia, no obstante, ha reinado el inmovilismo.
Otras voces señalan, casi a modo de resignación, que la población entenderá si no hay ley electoral para noviembre por la atención que ha requerido la pandemia de coronavirus. Además, también está sobre la mesa la elección de órganos de Radio Televisión Canaria (RTVC), una cuestión prioritaria, según indica Nayra Alemán, portavoz del PSOE.
Desde el Partido Popular (PP) apuntan que en septiembre se sentarán para iniciar las conversaciones y hacer una puesta en común. Según sean las intenciones de cada formación, se priorizará flexibilizar el plazo o se constituirá la ley electoral con lo que hay ahora para no demorar más el procedimiento.
Lo mismo opina Nueva Canarias (NC), que aunque sí cree que hay cabida para una norma más proporcional y democrática, no estirará en exceso las negociaciones porque “en estos momentos no se dan los condicionantes” y cosechar la mayoría de tres quintos en la Cámara se presenta muy complicado. “No queremos que la disposición sea eterna”, añaden. Eso sí, presentan una línea roja: no dar pasos atrás. Y remarcan que no ha habido presiones dentro de la coalición de Gobierno para enterrar este tema en beneplácito de Casimiro Curbelo. “Esto no es un tema que se metió en el Pacto de las Flores. Es una cuestión de partidos, no de Gobierno”.
Coalición Canaria también emplaza el debate a septiembre, cuando se vuelva a reunir la Junta de Portavoces. Y Unidas Podemos, al igual que NC y PSOE, vería con buenos ojos saltarse el plazo si eso significa que la ley será más ambiciosa.
La propuesta de Demócratas por el Cambio
Demócratas por el Cambio es la asociación cívica que impulsó como movimiento popular la reforma electoral en las Islas. Al igual que otros grupos políticos, considera que se debería dar un paso más en la ley, según aclaró en unas jornadas celebradas en el Parlamento de Canarias en junio de 2021 su presidente, Vicente Mujica, aunque cree que ya no hay tiempo de hacerlo antes de que concluya el plazo. “Tuvimos años de conversaciones con muchos grupos políticos [para la disposición actual]. Ahora es complicado”.
Ellos proponen potenciar la lista autonómica con 21 escaños y reducir el Parlamento a 69 diputados. La distribución para la circunscripción insular quedaría así: 12 representantes políticos para Gran Canaria y Tenerife, 6 para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y 3 para La Gomera y El Hierro. Muy en la línea de lo que defiende Víctor Cuesta López, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), quien en su texto Reforma electoral en Canarias: génesis, alcance, implementación e incidencia práctica, propone que se asigne un número concreto de diputados a cada territorio insular y el prorrateo del resto atendiendo a criterios demográficos.