Todos los grupos con representación en el Parlamento de Canarias han firmado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno regional a retrasar hasta finales de 2021 la convocatoria de una oferta pública de empleo de estabilización con el objetivo de reducir las altas tasas de temporalidad en la administración general de la comunidad autónoma.
Según ha anunciado la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Prefalca), la PNL fue presentada el pasado 17 de noviembre a la Mesa de la Cámara y será debatida en el pleno que se celebrará los días 1 y 2 de diciembre.
La PNL señala que la temporalidad es un mal “endémico” en la administración canaria desde hace más de 30 años que se ha visto agravado por la paralización de procesos selectivos en la administración general y por las restricciones impuestas en la reposición de efectivos con motivo de la crisis económica que estalló a finales de la pasada década. Todo ello ha generado un “aumento extraordinario de la plantilla de personal interino”, que ha llegado a “un nivel insostenible”, con un columen de temporalidad “inaceptable” que en Canarias ronda el 30%. En determinados ámbitos de la administración como la sanidad, este problema “se ha enquistado” por el uso sistemático de los contratos de breve duración, añade.
Los grupos parlamentarios remarcan que esta situación se produce en un contescto de administración “envejecida”, donde la media de edad supera los 55 años y donde más del 50% de empleados públicos se van a jubilar en la próxima década.
La PNL incide en que los objetivos previstos en el acuerdo que suscribió el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos mayoritarios en la administración (CCOO, UGT y CSIF) en marzo de 2017, prorrogado un año después, para la mejora del empleo público “no se están cumpliendo”. “Las convocatorias bajo la denominación de consolidación de empleo temporal en la práctica son sistemas de oposición ordinarios con una fase de concurso posterior que lo único que está consiguiendo es el cese masivo de muchos empleados públicos con muchos años de servicio, al utilizarse sistemas de seleción libres, no restringidos, que en absoluto han favorecido la ansiada consolidación”, recoge el texto, que además subraya que “ningún trato diferencial se ha establecido y ello a pesar de que el personal interino ha accedido a la administración respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Los firmantes de la proposición advierten de las consecuencias “catástroficas” de una OPE que no tenga en cuenta la situación de las “víctimas del abuso de la contratación temporal”, no solo para los empleados y sus familias, ante la posibilidad de perder el empleo, sino también para las arcas públicas y para “la efectividad de la propia administración, al perder gran parte de sus trabajadores temporales, cuya eficiencia y buen hacer se han evidenciado con mayor énfasis durante la crisis sanitaria”.
El portavoz de Prefalca Miguel Quintero, ha expresado su satisfacción por el acuerdo. “Si bien solo aplaza el problema durante un año, se trata de un gran paso para darnos tiempo a negociar un proceso digno de estabilización que nada tiene que ver con la OPE abierta o expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto que plantea el consejero del área, Julio Pérez”.
Prefalca había solicitado la paralización de todas las ofertas de empleo público en Canarias de plazas ocupadas por personal que lleva más de 20 años cumpliendo sus servicios en las administraciones de las Islas hasta que se pronuncien los tribunales sobre las cientos de demandas presentadas por los trabajadores y se defina un nuevo marco normativo estatal.
La plataforma había advertido de que la oferta que planteaba el Gobierno de Canarias es contraria a la sentencia del Tribunal Europeo del 19 de marzo de 2020, que considera que si hay un fraude en la contratación y esta se extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a los trabajadores, sino más bien sancionar a la administración que lo ha causado dictando la fijeza de estos trabajadores.
También alertaba del “efecto llamada” de una oposición de empleo público, que podría suponer que cientos de trabajadores de otras comunidades autónomas “desplacen a los trabajadores canarios, cuando esta comunidad autónoma es la que más está sufriendo económicamente los efectos de la pandemia por depender directa o indirectamente en un 80% del turismo”. Los empleados públicos de Canarias han interpuesto hasta la fecha más de 600 denuncias individuales. Ese proceso de “desconsolidación” obligaba, en la práctica, “a despidos masivos e indemnizaciones que podrían superar los 50 millones de euros”.
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