No es una reprobación legal en toda regla, pero sí es un auténtico toque de atención de la totalidad de los grupos del Parlamento regional al director general de Radiotelevisión Canaria, Willy García.
Y no ha sido una reprobación que hubiera puesto contra las cuerdas a García y al presidente Paulino Rivero, que lo nombró, porque en aras del consenso la propia diputada impulsora del acuerdo, la conservadora Águeda Montelongo, rebajó el tono del texto inicial.
Así consiguió que, por unanimidad, la Cámara regional pida a García y al Gobierno regional que no se escuden en las cláusulas de confidencialidad y remita al Parlamento toda la información sobre “el contrato público” suscrito con la empresa Mediapro “para la emisión del fútbol de Segunda División” hasta el año 2015.
Asimismo, todos los grupos han aceptado la propuesta defendida por Montelongo para considerar “inadecuado” la aceptación tanto por parte del Ejecutivo como del ente RTVC “de cláusulas de confidencialidad en la suscripción de contratos públicos con terceros”.
Una confidencialidad que solo será exigible en base “a razones objetivas vinculadas a la defensa del interés general de la Comunidad Autónoma”.
Por tanto, es de prever que en las próximas semanas se desvele uno de los secretos mejor guardados por el director general de RTVC: el montante que se ha pagado con dinero público a la empresa Mediapro por las retransmisiones de fútbol.
Una información que García, y el propio Gobierno regional, se han negado a ofrecer al Grupo Popular en reiteradas ocasiones, la última de ellas en la Comisión de Control celebrada el 11 de octubre, en la que García incluso llegó a decir que la confidencialidad estaba por encima al derecho de los diputados a recibir información.
Funcionario puesto a dedo
“El contrato de emisión del fútbol a través de RTVC no puede tardar ni un segundo más en entrar al Parlamento”, afirmó Montelongo, pues “no se puede consentir que un funcionario puesto a dedo maneje información que no tiene la institución que representa la soberanía del pueblo y que tiene el deber de fiscalizar la labor del Gobierno y sus sociedades públicas”.
“No se trata de debatir sobre mí como diputada o sobre el Grupo Popular, sino de defender al Parlamento de Canarias y su legítima labor de fiscalización”, insistió Montelongo.
Un discurso que fue apoyado por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, cuando aseguró que “fue intolerable y antidemocrático el discurso indignante de Willy García en la comisión de control de RTVC”.
“Los únicos contratos secretos que existen son los que afectan a las seguridad nacional y en este momento el director general de RTVC no está controlado por nadie. Yo apoyo la existencia de RTVC, pero en estos momentos es más transparente TVE que RTVC”, afirmó el líder de NC.
Hasta las portavoces del pacto Nuria Herrera (CC) y Belinda Ramírez (PSC) reconocieron que no se puede ocultar información al Parlamento, pese a que ambas insistieron en que “habría que reformar la legislación europea, que permite estas cláusulas en los contratos públicos”.
Además, Herrera criticó que el PP “se erija en el adalid de la transparencia, cuando apela a esa misma confidencialidad en Valencia o en el Senado, cuando se niega a dar información a Narvay Quintero sobre el dinero ganado por las aerolíneas en los vuelos a Canarias”.
Pese estos matices, los socios del Gobierno se adhirieron a la petición de que García deje de escudarse en la confidencialidad y a la exigencia al Ejecutivo para que “informe a la mayor brevedad por los cauces que estime oportunos” sobre el hasta ahora opaco contrato con Mediapro.