Todos los grupos parlamentarios han aceptado la propuesta del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN) para reunir a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias y proceder al “traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios en materia de costas”. La proposición incluye un enmienda socialista en la que se reivindica que, en el caso de que el Estado no acepte transferir esas competencias, se negocie “la participación de la Comunidad Autónoma en la cogestión en materia de costas”, ya que el traspaso solo podría hacerse reformando el Estatuto.
Asimismo, e incluso con el apoyo del Grupo Socialista, el Parlamento ha solicitado que el futuro Ejecutivo central “reconsidere la retirada del recurso que la Abogacía del Estado tiene interpuesto a la Ley Canaria de Costas” aprobada en la pasada legislatura autonómica con el voto en contra del PSC. Esto a pesar de que el texto refunde también otra enmienda del PP en la que insta al Gobierno de Canarias a que retire ese mismo recurso, que en ningún momento interpuso.
La propuesta, que fue defendida por Ignacio González, recibió el consenso debido a las arduas negociaciones que el diputado ha venido efectuando durante todo el mes de septiembre con el resto de los grupos parlamentarios, como han hecho constar tanto Cristina Tavío (PP) como Fajardo (PSC) y Rodríguez (NC).
Según los nacionalistas, “la ordenación y gestión del litoral es una materia sensible para un archipiélago”, por lo que es necesario “delimitar claramente las competencias de ambas administraciones” con el fin.
Respecto a las infracciones de la Ley de Costas Canaria, el diputado de CCN Ignacio González ha insistido en que “hay que evitar que una ley no se aplique sin tener en cuenta las circunstancias de nuestra vida tradicional. Que no se produzcan deslindes sin sentido o se derriben poblados como Cho Vito en Tenerife. Por eso es mejor que nuestras costas se gestionen aquí para que no dependa de cambios políticos”, ha argumentado.