- CC se abstiene porque “no es el órgano competente y el proceso ya está en marcha”
El Gobierno de Canarias y el único partido en el que se sustenta, Coalición Canaria (CC), han vuelto a comprobar su soledad en el arco parlamentario al unirse toda la oposición para exigir, a propuesta del Grupo Popular, que los Servicios Jurídicos del gabinete que preside Fernando Clavijo “informen de la legalidad de todas las cláusulas” relativas al concurso para renovar la prestación de los informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) impulsado por su presidente, Santiago Negrín.
Una nueva derrota política del gabinete en minoría pese a que la propuesta no es vinculante y el Gobierno puede seguir en su tesis de que no es el competente para tramitar un informe jurídico del ente y hacer caso omiso de lo aprobado por el Parlamento, en la línea de lo expresado por el propio Clavijo hace semanas, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la sesión del martes y la portavoz nacionalista, Guadalupe González, al anunciar este miércoles la abstención del Grupo Nacionalista porque los Servicios Jurídicos “no son el órgano competente” para realizar el informe y, además, el concurso “ya está en marcha” impulsado por Negrín.
Un concurso que, como recordó la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González, “lo ha sacado adelante Negrín desoyendo todo y desoyendo a todos, saltándose a la torera varias leyes y a los grupos que le han advertido de que puede estar incurriendo en una ilegalidad que puede ser recurrida” al constituirse en órgano unipersonal de contratación.
Chapuzas
Como dijo la diputada Reverón, impulsora de la propuesta, el presidente de RTVC ha hecho “varias chapuzas”, comenzando por el hecho de que se autonombrara “órgano de contratación”, potestad que debe recaer en el Consejo Rector, además de instaurar que la Mesa de Contratación “estará integrada por los miembros que designe él mismo” y que exista “falta de información del personal que se supone se puede subrogar”.
En este sentido, la diputada conservadora recordó que aunque en los pliegos se dice que la empresa debe asumir la subrogación de los actuales 241 trabajadores que tiene la plantilla de los servicios informativos, también se asegura que la información que se proporciona al respecto “resulta incompleta” en la medida en que “se ha incluido de modo improcedente a personal directivo, confianza o personal con responsabilidad” que no está sujeto a “la obligación de subrogación”.
Todas las formaciones, aunque el Mixto (ASG) consideró que el informe jurídico debía ser encargado a la Audiencia de Cuentas, estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el citado concurso (que asciende a 144 millones de euros, a razón de 18 millones de euros al año a abonar a la empresa adjudicataria hasta el año 2026) cumpla la legalidad vigente.
Pasión por la conjura
Un concurso que demuestra, en palabras de la socialista Dolores Corujo, “cómo el factor humano es capaz de pervertir cualquier norma”; toda vez que la vigente Ley de 2014 buscaba crear una RTVC independiente del Gobierno de Canarias, más plural y al servicio de todos los canarios y que “la pasión por la conjura y la falta de transparencia” han 'contaminado'.
Por ello, también pidió Corujo suscribir “un consenso” entre todas las fuerzas parlamentarias, para cambiar un Consejo Rector “que nos mancha a todos” gracias a la deriva a la que lo ha conducido Negrín.
“Podemos siempre ha defendido que, para mejorar nuestra democracia, debemos tener unos informativos públicos con trabajadores públicos no subrogados, pero mientras esto no sea así, queremos que se cumpla la legalidad”, dijo el diputado de la formación morada Juan Márquez.
El mandato del Parlamento ha sido que los servicios jurídicos del Gobierno certifiquen la legalidad del proceso iniciado por Negrín, sobre todo en los apartados referidos “a las cláusulas relativas al órgano de contratación, mesa de contratación, y Anexo I relativo a las condiciones del personal a subrogar”.
El PSOE pide el informe de Martín Orozco
Sin embargo, tanto Negrín como CC consideran que se ha procedido de acuerdo a la Ley y en base a unos informes previos realizados por el catedrático Martín Orozco que avalan que el presidente de RTVC pueda ser administrador único y órgano de contratación único sin contar con el respaldo del Consejo Rector.
Unos informes que Negrín, tal y como ha informado Canariasahora, no ha aportado como “información relevante” del proceso de licitación ni como “documentación complementaria” necesaria para configurar el expediente de las empresas que decidan licitar y que, sin embargo, han sido pedidos por el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, para que los remita al Parlamento y no los siga ocultando.