Los grupos que apoyan al gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) y Vox han rechazado este miércoles en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para poner límite al importe de los alquileres de viviendas destinadas a uso habitual.
La propuesta, que ha recibido al apoyo del grupo Socialista, instaba al Gobierno de Canarias a liderar, conjuntamente con los cabildos y ayuntamientos, en aquellos municipios o zonas específicas de determinados municipios, la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionados.
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González ha recordado que el acceso a una vida digna y adecuada es un derecho constitucional, y ha subrayado que ese derecho “es vetado” en Canarias a un número elevado de personas debido a la burbuja inmobiliaria.
Ha indicado que a la falta de vivienda social en las islas se suma el incremento de los precios en el mercado de alquiler.
El diputado del grupo Nacionalista (CC) José Javier Pérez ha reconocido que la situación es un problema y por ello el ejecutivo ha ido “mucho más allá” al declarar la emergencia habitacional, que incluye varias medidas, que presentó como enmienda a la propuesta de NC-BC, cuya diputada no aceptó porque ha subrayado que se trata de acciones complementarias y por ello no incompatibles.
El diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha apuntado que esta medida ha tenido resultados “nefastos” en ciudades como Berlín, y ha apostado por construir más viviendas y no por intervenir en el mercado.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha opinado que la medida no solucionaría el problema que, a su juicio, reside en la falta de planificación, sobre todo en vivienda pública.
La diputada de Vox Paula Jover también ha rechazado la propuesta de Nueva Canarias, al igual que Carlos Ester, del grupo Popular, para quien el gobierno regional ha ido “mucho más allá”.
Patricia Hernández, del grupo Socialista, ha acusado a los miembros del Gobierno autonómico de decir una cosa y la contraria para no aplicar la ley de vivienda en Canarias.
El consejero de Vivienda, Pablo Rodriguez ( CC): “Declarar zona tensionada no conlleva obligatoriamente la limitación de precios del alquiler”
“Igual nos hemos llevado en algún momento, no digo a engaño sino una confusión. Declarar zona tensionada un municipio o un área del municipio, no conlleva obligatoriamente la limitación de precios del alquiler, pero es que no lo dice la Ley, es decir, yo no sé quién lo dice, pero eso la Ley no lo establece”: así indicó el pasado lunes, 8 de abril, el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), tras el Consejo de Gobierno.
Declaraciones que se contradicen con lo que el Ministerio de Vivienda contempla en la Ley, ya que impone un rango de precios para las zonas que sean declaradas tensionadas. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda recoge que “en los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado... la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda...”
El Gobierno de España creó unas referencias de precios de alquiler para fijar importes máximos de arrendamiento en las zonas declaradas por las comunidades autónomas de mercado residencial tensionado. Actualmente, los alquileres en las dos capitales canarias son un 70% más caros que la nueva referencia del Gobierno.
Rodríguez prosiguió en sus declaraciones recalcando que “declarar zona tensionada un municipio, o una zona parcial del municipio conlleva medidas extraordinarias para dar respuesta a la emergencia habitacional o a la atención en la vivienda. Pero no dice que una cosa automáticamente conlleva a lo otro, lo digo por dejarlo absolutamente claro en el artículo 18 de la Ley Estatal. Es que creo que se ha asimilado que el área tensionada es limitar precios y eso no lo dice la Ley”. “No es cierto, el área tensionada es instalar medidas extraordinarias”.
Así mismo, dijo que el Gobierno ha cursado una consulta al Ministerio de Vivienda sobre la ley estatal para que aclare qué organismo, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, es la que debe redactar esos informes, al tiempo que ha indicado que una vez que se presenta la petición es la Consejería la que debe pronunciarse si procede o no la declaración.