La sociedad pública Parque Marítimo SA, integrada a partes iguales por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, ha abonado ya los 126.000 euros del impuesto de sociedades correspondiente a los años 2000 a 2003, después de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), así lo ordenara. La entidad pretendió durante ese período de tiempo acogerse a los beneficios de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pero el Tribunal Económico Administrativo lo rechazó y el año pasado una sentencia firme del TSJC también se pronunció en idéntico sentido.
Por lo tanto, según el gerente de Parque Marítimo SA, Augusto Sabina ya no queda ninguna deuda pendiente con Hacienda. Incluso se da la circunstancia de que desde 2010 la entidad sí puede ya acogerse a los beneficios de la RIC puesto que desde entonces dispone de personal y medios propios. Precisamente, fue este argumento el que hizo que hasta ese momento la sociedad no pudiera disfrutar de las ventajas de la RIC.
Sin embargo, desde que el Parque abrió sus puertas en 2010 y es gestionado de forma directa por el Ayuntamiento ya cumple con los requisitos para que el dinero que debería pagar por el impuesto de sociedades lo invierta en el propio recinto. Así ha ocurrido con la adquisición de un piso que se utiliza como oficina y no como vivienda, tal y como algunas fuentes han señalado.
En cuanto a la sentencia de 2012 que obligó al pago de impuestos pendientes, Sabina considera que se trata de una interpretación de Hacienda y del TSJC. “Ellos defendieron que como el Parque funcionaba en aquel momento a través una empresa llamada Santa Cruz Park SL y no disponía de medios propios, no se podía acoger a estos beneficios.
Pero ahora se produce una situación contraria y sí podemos disfrutar de estas ayudas ya que contamos con una plantilla de más de cuarenta trabajadores y no tenemos que recurrir a personal del Ayuntamiento o de Puertos como ocurría antes“, dice el gerente. Sabina admitió que desconocía la existencia de esta sentencia del TSJC pero tras haber salido publicada en CANARIASAHORA le informaron de que ya había sido abonada la cantidad que estaba pendiente al ser firme el fallo desde 2012.
El gerente recuerda que en estos momentos son la única empresa pública de toda Canarias que no recibe ningún tipo de subvención y de hecho tan sólo con la venta de entradas y la concesión de algunos establecimientos han conseguido llegar a la autofinanciación. Aunque en realidad también ocurrió así desde 1995 a 2010, momento en el que esta recinto estuvo gestionado primero por Santa Cruz Park SL, propiedad del periodista Jorge Bethencourt y Valentín Álvarez y luego desde 2006 por Santa Cruz Park Tenerife SL, del empresario Luis Gil.
Después de que la presión del abogado Felipe Campos impidiera la realización de fiestas en el recinto, Gil tuvo que cerrarlo durante varios meses y posteriormente fue desalojado por orden judicial. A partir de aquí el Ayuntamiento decidió asumir directamente las riendas del negocio y de esta manera ha venido ocurriendo durante los últimos años en los que han conseguido autofinanciarse. Sin embargo, hasta entonces tal y como indica el fallo del TSJC, la sociedad carecía de “estructura productiva genuina y propia y mal podría realizar su actividad sin el auxilio instrumental de un conjunto de bienes y servicios coordinados”.
Este último argumento desmontó la petición para acogerse a los beneficios de la RIC y más aún cuando en realidad esta gestión recayó en manos de terceros. El Tribunal aclara que el término establecimiento al que intentaron aferrarse los responsables de la entidad pública no tenía hasta 2010 aplicación en este caso. Y ello es así en cuanto para cumplir con este requisito es preciso “un conjunto organizado de bienes, servicios y demás elementos patrimoniales para desarrollar una actividad empresarial en el sentido estricto del término”.