Todos los grupos parlamentarios, y hasta la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, han coincidido en que los Presupuestos en Políticas Sociales, Empleo y Vivienda deberían ser mayores. Y ahí acaba el consenso. Mientras para la 'número dos' del Ejecutivo y los grupos que la apoyan la culpa de que el incremento no sea mayor es de la anatemizada regla del gasto impuesta por el Gobierno central, las fuerzas de la oposición o bien no ven el crecimiento de los fondos o simplemente lo consideran insuficiente para abordar las necesidades de los ciudadanos más necesitados.
Hernández ha insistido durante la presentación de las cuentas de su mega departamento que a partir del próximo año “se acabaron los recortes en las necesidades básicas de la gente” gracias a un presupuesto que crece el 13% respecto al presente ejercicio, la “subida más importante en los últimos ocho años”.
Por ello, anunció que habrá más dinero para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) gracias a la inyección de 45 millones de euros, que no son más porque el Estado no permite, debido a la “predigistación” de la regla de gasto, “ni gastar más ni gastar lo que tenemos en función de las prioridades” diseñadas por el Gobierno de Canarias. Con todo, esos 45 millones permitirán “atender dignamente” a 13.000 familias, en las que existen y 9.100 menores en riesgo de exclusión social.
“Los bajos salarios condenan a las personas a la pobreza”, sentenció Hernández para anunciar que crecen “los fondos destinados a quienes quieren tener un trabajo digno y no lo tienen”.
Para ello, el Presupuesto del Servicio Canario de Empleo se cifra en 184,3 millones de euros, con programas por valor de 133 millones que inciden en la inclusión social para “combatir la desigualdad y que nadie se quede fuera de la recuperación económica”.
Y en cuanto al área de Vivienda, la vicepresidenta resaltó que crece un 10,3% (6 millones de euros), se dota la Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda y se mantienen los fondos para la compensación de los afectados por la hipoteca joven y la vivienda usada.
Un Presupuesto de 544,8 millones de euros de una Consejería como la de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, no puede abarcarse en intervenciones de 10 minutos. Presupuestos que afectan a 317.000 parados, a un 27% de ciudadanos en riesgo de exclusión social y a un 16% de familias que tienen problemas para pagar sus hipotecas no tienen apenas tiempo de ser abordados en profundidad en el debate parlamentario. Y menos aún cuando los grupos parlamentarios optan por repartirse el trabajo entre varios portavoces. Así sucedió con Podemos (Noemí Santana y María del Río Sánchez), PP (Jorge Rodríguez y Josefa Luzardo) y el PSOE (Héctor Gómez y Teresa Cruz).
Insuficientes
Con todo, los mensajes de todos los intervinientes han sido similares y en la misma dirección: las Cuentas presentadas por Hernández se quedan cortas.
Así, Jorge Rodríguez consideró que “no solucionan en absoluto los problemas de la Comunidad Autónoma en torno al empleo” y Luzardo insistió en que pese al incremento de la PCI “no son los del despegue para los más necesitados”.
“El Gobierno de Canarias dedica de sus propios recursos tan solo 66 millones a políticas activas de empleo. Así definen lo que es lo prioritario”, decía Rodríguez. “¿Qué van a hacer con el resto de quienes no son las 13..000 familias que perciban la PCI? ¿Cuando van a pagar la PCI a los 3.500 preceptores que aun no la recibieron en verano”, remachó Luzardo.
Las críticas de Santana y Sánchez por el lado de Podemos se dirigieron a la clara insuficiencia de las partidas para dotar la PCI y las ayudas a la Dependencia, pues recordaron que el dinero de 2015 se agotó apenas transcurrido el primer cuatrimestre del año y ni siquiera los 45 millones previstos servirán para evitar que muchas personas tampoco accedan a la prestación.
Por su parte, Luis Campos (NC) negó el incremento en un 16,6% de la partida del Servicio Canario de Empleo (SCE), desde los 158,5 millones de 2015 hasta los 184,8 para el próximo año. “El presupuesto inicial de 2015 fue de 181 millones, así que apenas crece en tres millones”.
Sensación agridulce
En definitiva, y como dijo la vicepresidenta Hernández, el debate se saldó con una “sensación agridulce” en tanto en cuanto se reconocieron esfuerzos inversores por la oposición, pero o prácticamente inexistentes o claramente mal orientados. “Se nos achacan recortes que no son nuestros sino que vienen impuestos por la regla del gasto y el cumplimiento del déficit”, dijo la 'número dos' del gabinete regional.
Para ayudar al 'banco azul', Héctor Gómez fue el encargado de explicar, al menos en el área de empleo, que “el Presupuesto será mejor o peor en función de su ejecución”.
“La mejor manera de contar con recursos para acabar con una tasa del paro que ronda el 30% son los extraordinarios que pueda aportar el Gobierno del Estado y ya nos gustaría contar con el PIEC”, sentenció Gómez.
“Nos gustaría que el Presupuesto social fuera más abultado, pero el techo de gasto impuesto es un corsé”, sentenció la socialista Cruz antes de concluir que “es un Presupuesto proactivo en politicas sociales, cambia cuantitativa y cualitativamente las políticas, incrementa las partidas y responde con urgencia a las necesidades de las personas”.
“Ocho euros de cada diez se destinan a políticas sociales”, concluyó la nacionalista Elena Luis.