La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, considera una “gran noticia” para Canarias el reciente anuncio del traspaso de las competencias al Archipiélago en materia de Costas para el próximo mes de junio, tras la reciente reunión en Madrid del presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, una negociación avanzada con anterioridad por la entonces ministra del ramo, Carolina Darias, hoy responsable de Sanidad
Esta es una demanda reiterada de Ashotel y de otros estamentos políticos, económicos y sociales de las Islas, recogida en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en noviembre de 2018. En este se recoge literalmente “la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público”.
En los últimos años, la patronal hotelera ha instado en varias ocasiones al Gobierno de Canarias a ser firme con el Ejecutivo estatal en el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma, especialmente las referidas a la ordenación y gestión del litoral, una realidad que finalmente parece que se confirma, un motivo de gran satisfacción para el sector. Asimismo, Ashotel ha realizado gestiones directas con el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, para la consecución de esta transferencia de competencias.
Los hoteleros han defendido en numerosas ocasiones que en la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las Islas, es totalmente imprescindible su preservación medioambiental para el correcto desarrollo respetuoso de la actividad turística. Esa mayor cercanía de la administración competente a partir de ahora debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria.
Ashotel apunta que esta transferencia de competencias se produce, además, en un momento interesante, con la llegada de los fondos europeos Next Generation, que pueden servir para el desarrollo y la ejecución de mejoras evidentes y necesarias en las playas existentes y en otras de carácter artificial, en puertos y marinas deportivas, así como en otras propuestas públicas y privadas.
Proyectos paralizados
En lo relativo a las playas de Tenerife, recuerda la patronal hotelera, continúan paralizados proyectos de gran interés como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también, en el sur de Tenerife, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras.
Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.
Con esta competencia en sus manos, el Ejecutivo regional puede establecer y regular los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general; o la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales.
El presidente de la patronal, condenado por fraude fiscal
El comité ejecutivo de Ashotel ha acordado solicitar a Jorge Marichal, presidente de la asociación, que continúe al frente de la Presidencia de la patronal turística de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, entre otras razones, “por su liderazgo, formación, pasión, capacidad, dedicación y ganas” que ha destinado a Ashotel desde su primera elección, en noviembre de 2011.
Esta decisión fue tomada en la tarde de este lunes, 5 de abril, en una reunión convocada de forma extraordinaria y urgente a petición del propio Marichal tras hacerse pública su condena a dos años de cárcel por un delito de fraude fiscal. Aunque la sentencia fue dictada en julio de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, y confirmada, notificada y publicada desde mayo de 2020 por la Audiencia Provincial, no fue hasta este lunes cuando se dio a conocer en los medios de comunicación.
Dicha sentencia condena a Jorge Marichal por un delito contra la Hacienda Pública a dos años de prisión, al pago de una multa de 585.896 euros y a la pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas, así como a la pérdida del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
Durante la reunión, Jorge Marichal trasladó a los integrantes del comité ejecutivo los detalles sobre la sentencia y, al término de su exposición, puso su cargo a disposición del Comité, cuyos miembros “valoraron y agradecieron la información aportada por Marichal y le manifestaron su apoyo unánime”, aunque nadie le cuestionó por qué no la había aportado antes.