La Federación Canaria de Ocio y Restauración (Fecao) anunció este sábado que estudia medidas contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por “permitir” un exceso de boro en el agua de consumo humano en la capital, que perjudica no sólo a los consumidores sino a las empresas de tratamientos y venta de agua de ósmosis en Canarias, aglutinadas en la citada organización.
La Fecao exige en un comunicado al Consistorio capitalino que realice análisis del agua que suministra la empresa Emalsa como medida cautelar a los usuarios que tengan equipos de ósmosis.
De este modo, la organización afirma que Las Palmas de Gran Canaria cuenta en la actualidad con 150.000 plantas de ósmosis domésticas y más de 1.000 semi-industriales que realizan un doble filtrado del agua que soluciona el problema de exceso de boro.
''Pésima actuación'' del Consistorio
Asimismo, la Fecao critica la “pésima” actuación del Consistorio capitalino que, en su opinión, “no debería haber creado alarma social, sino recomendar un análisis del agua como medida cautelar a quien tenga estos equipos”.
En este sentido, el secretario técnico de la Fecao, Antonio Vélez, aclaró que “la administración local debe hacerse cargo del coste de este análisis porque es su responsabilidad garantizar la potabilidad del agua en todos los hogares de la capital según el Real Decreto 140/2003”, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Al entender de la organización empresarial, la información sobre el aumento del nivel del boro en el agua de más de 0,2 miligramos cuando el decreto de la Unión Europea marca que no debe superar un miligramo por litro, puede crear “una gran alarma social en el sector si no se explica bien el proceso, teniendo en cuenta que existen membranas específicas de alto rechazo de boro. Además de originar reclamaciones y pérdidas de empleo al sector por crear un problema en el que tendría que haber intervenido antes la administración”, añade.
Además, Vélez insistió en que la Fecao “no va a consentir que el error del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo paguen los consumidores que tendrán que comprar agua mientras no se pueda consumir y las pequeñas empresas en las que se originarán pérdidas por este motivo”.