El diputado de Nueva Canarias-Coalición Canaria en el Congreso, Pedro Quevedo, ha alertado este martes de un “nuevo intento” del Gobierno del PP de rebajar el 50% del descuento de residente en el transporte aéreo y marítimo de los ciudadanos de las Islas ya que denunció que el proyecto de ley de los presupuestos estatales de 2016 habilita al Ministerio de Fomento a tomar esta decisión.
En el turno de defensa de las 24 enmiendas parciales de NC-CC al bloque de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos al proyecto de ley presupuestario del PP, Pedro Quevedo alertó de que el texto legislativo habilita al departamento de Ana Pastor a fijar una tarifa máxima bonificable.
Un hecho que, para el diputado nacionalista, supone un “nuevo intento de modificar a la baja” el descuento del 50%, como ya intentara el Gobierno conservador en 2013 cuando se planteó la posibilidad de sustituir la bonificación del 50% por un precio de referencia.
Quevedo recordó que esta ayuda “no es ningún regalo sino un derecho” de los ciudadanos de las Islas, aplicable también a Baleares, Ceuta y Melilla.
Así, recuerda que la reducción en los billetes aéreos y marítimos es para “ponernos en la media del resto” de los territorios del Estado y garantizar así el derecho de los canarios a trasladarse a la Península y entre las Islas. Quevedo recomendó al Gobierno del PP que modifique el concepto de tarifa máxima bonificable por “bonificación indefinida”.
También se mostró muy crítico con la eliminación de Plan Integral de Empleo (PIEC), que contemplaba 42 millones de euros para contrarrestar las “dramáticas” tasas de desempleo en el Archipiélago además de otros 40 millones de euros del mismo plan destinadas a las infraestructuras educativas.
Pedro Quevedo recordó que NC con Coalición Canaria interpuso una enmienda a la totalidad a las cuentas del PP para el próximo año por estar “radicalmente en contra” de su línea ideológica “desde el principio” de la legislatura que termina con las elecciones generales del próximo mes de diciembre, por ser “ineficaces” para resolver los problemas de la mayoría social y por ser “falsos, lo que provocará que tengan que ser modificados cuando cambie” el Ejecutivo, tras los comicios.