La Gomera y El Hierro “quedarían sin poder municipal” en su territorio, mientras que en La Palma “sólo se salvaría de la criba” Los Llanos de Aridane, único municipio de 20.000 habitantes.
Así lo ha denunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Francisco Hernández Spínola, en su comparecencia para criticar el proyecto de modificación del Régimen Local que quiere implantar el Gobierno que preside Mariano Rajoy.
Por ello, Spínola ha pedido el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara regional, incluído el PP, para evitar “el desmantelamiento de competencias, capacidades y servicios municipales programado en esta propuesta del Gobierno de España”.
El consejero insistió en que para los 21 ayuntamientos canarios de menos de 5.000 habitantes “la propuesta prevé la intervención de los mismos por los cabildos si incumplen el principio de estabilidad presupuestaria”, mientras que para los 28 que tienen población de más de 5.000 habientes y menos de 20.000 “el texto prevé que se le puedan retirar las competencias en los servicios que no cumplan una serie de estándares prefijados”.
Así las cosas, y además del erial municipal en el que se convertirían El Hierro, La Gomera y La Palma, la isla de Tenerife “quedaría con 12 ayuntamientos con capacidades reales para atender a sus residentes”, frente a los 31 actuales.
“Gran Canaria, por su parte, mantendría 9 de los 21. En Lanzarote, permanecerían con actividad considerable 4 de 7, mientras que en Fuerteventura solo se salvarían de la criba 2 de los 6 existentes”, concluyó Spínola.
Por ello, el consejero denunció desde la tribuna que el texto legal que pretende aprobar el Ejecutivo central “reduce hasta tal punto el ámbito competencial que transforma estos ayuntamientos en meros cascarones condenados a una muerte dilatada y progresiva”.
Oportunismo antipolítico
Esta modificación fue calificada por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, como “oportunista”, porque a su juicio no pretende reducir el gasto público ni conseguir la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas, pues solamente se van a ahorrar 7.500 millones en tres años.
“Lo que pretende es limitar las competencias de los ayuntamientos, atacar la autonomía municipal, recentralizar el Estado y privatizar los servicios públicos”, afirmó Rodríguez.
Además, aseguró que “es anticanaria” y, en el fondo, “antipolítica, pues favorecerá la llegada de los Beppe Grillo, y si no, al tiempo”, en alusión a las elecciones italianas.
El portavoz socialista, Manuel Fajardo, subió a la tribuna anunciando que, “sin que sirva de precedente”, estaba de acuerdo con el portavoz de NC, ya que la “contrarreforma” que impulsa Rajoy “encubre un recorte a las prestaciones sociales que ofrecen los ayuntamientos y no tiene nada que ver con la eficacia de la gestión”.
“Se castiga a los pequeños municipios cuando las grandes deudas las han hecho los grandes ayuntamientos, como el de Madrid, que por sí solo supone el 25 por ciento de la deuda de los municipales”, dijo el socialista.
Por último consideró que la reforma “demuestra que para el Gobierno, Canarias no es España”.
Acciones judiciales
Todos estos argumentos contrarios a la nueva Ley fueron también esgrimidos por el presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, quien advirtió de que “si no queda a salvo nuestro régimen especial local, primero intentémoslo resolver políticamente y, si no se puede, lo hagamos judicialmente”.
Unas críticas que, como era de esperar, no fueron asumidas por la conservadora Águeda Montelongo, que defendió que lo que se busca es acabar con las
“Esta Ley no elimina ningún ayuntamiento, sino fundaciones y consorcios”, dijo Montelongo, “por lo que no va a haber vacío de competencias y los ciudadanos no se van a quedar sin ningún servicio”.
Sin embargo, la portavoz del PP recogió el guante del consenso lanzado por Spínola para “añadir una disposición transitoria” en el texto legal para “reforzar la función de los cabildos”, que en la reforma se equiparan a las diputaciones provinciales.
Al respecto, el consejero Spínola recordó que en Canarias “el papel competencial de los cabildos es esencial, mucho más importante que el que ejercen las diputaciones provinciales.”
“La propuesta del Estado de proceder a la delegación competencial a los municipios de más de 20.000 olvida totalmente que nuestros 7 cabildos ejercen muchas de esas tareas con gran calidad y garantías”, concluyó.