El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha apuntado directamente al ex consejero de Economía y Hacienda, actual ministro de Industria y líder del Partido Popular (PP), José Manuel Soria, como el culpable político de que la Comunidad Autónoma deba pagar 5,2 millones de euros por el aval a la empresa 'Vanyera 3'.
Aunque sin citarlo expresamente, Pérez ha asegurado que Soria “no cumplió” con las obligaciones incluidas en el decreto de concesión del aval al no registrarlo.
“Hay un decreto que establecía una serie de responsabilidades y una serie de obligaciones, y hasta donde hemos podido conocer, hubo quien no cumplió con la suya registrando el aval”, ha afirmado en los pasillos del Parlamento.
Concretamente, el Decreto 53/2008, de 25 de marzo, cita expresamente a la Consejería de Economía y Hacienda como departamento responsable del Gobierno en la tramitación del aval, su vigilancia y control, incluido registrar la operación en el Registro Mercantil.
No es solamente el vicepresidente el primer miembro del Ejecutivo regional en señalar directamente a Soria, ya que el, viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodíguez (que, precisamente sustituyó al hoy ministro cuando el PP abandonó el Gobierno a finales de 2010) asguró hace dos días que “la única responsabilidad recae sobre la gestión de José Manuel Soria y el equipo que dirigía por aquel entonces en la Consejería de Economía y Hacienda”.
Todas estas posibles irregularidades serán protagonistas en la sesión plenaria que el Parlamento celebra el martes y el miércoles, toda vez que el Grupo Socialista preguntará al Gobierno por las causas que han motivado el fallo judicial que obliga a pagar 5,2 millones de euros del aval de Vanyera 3,
Responsabilidades jurídicas
No obstante, veinticuatro horas antes de la sesión de control al Ejecutivo, Pérez ha apelado a la prudencia a la hora de considerar que el ex consejero y actual ministro sea culpable jurídico de este quebranto a las arcas públicas y se ha remitido a los Servicios Jurídicos del Gobierno, que serán “los que nos marquen las responsabilidades precisas en los términos judiciales, en su caso”.
Unos Servicios Jurídicos a los que, paradójicamente, el Grupo Socialista acusó hace dos años de haber sido pasivos en la defensa del interés general de la Comunidad Autónoma con respecto a la concesión del aval.
Como ha informado CANARIASAHORA, el diputado Sergio Roque afirmó en sede parlamentaria en 2011 que los Servicios Jurídicos no dijeron “nada” cuando se decidió constituir el aval sobre “prendas sin desplazamiento” como maquinaria, vehículos e instalaciones que, además, estaban en régimen de leasing.
Además, el entonces diputado socialista denunció que los Servicios Jurídicos no contestaron hasta septiembre un requerimiento judicial que habilitaba el mes de agosto para todo el complicado proceso que rodeó el caso, justo los mismos argumentos que ahora usa el Grupo Popular para proclamar la inocencia de Soria.