Los abogados José Pérez Ventura, en nombre de Izquierda Unida Canaria, y Felipe Campos, han denunciado este jueves ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife al alcalde de Arona, el nacionalista José Alberto González Reverón, y a los concejales que el pasado 25 de octubre votaron a favor, en sesión extraordinaria, por la permanencia en el cargo del primer edil, condenado por un delito contra la Administración y que, por lo tanto, debe ser cesado de acuerdo con la Ley de Régimen Electoral General.
La denuncia contra González Reverón y los restantes 12 concejales de Coalición Canaria, además de los dos concejales del CCN-CAN, se basa en un posible delito de prevaricación, por incumplir la normativa a en beneficio propio.
“Permanece en el cargo cuando debería haber sido cesado 'ex lege', por incompatibilidad sobrevenida, pero es que además se llevó a cabo una votación ilegal, ya que el Pleno solo debía tener conocimiento del cese y nombrar como nuevo alcalde al segundo de la lista por CC”, explicó a este periódico Pérez Ventura.
Esta denuncia se suma a la presentada contra el alcalde el pasado 26 de octubre por el concejal del partido de la oposición Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón, por prevaricación y usurpación del cargo.
Además, Ventura ha anunciado que el grupo parlamentario federal de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados presentará una proposición no de ley para que instar al Gobierno a que proceda a la disolución de la actual composición del Pleno de Arona.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), establece desde 2011 que los cargos públicos deben cesar por mandato de ley cuando sean condenados por delitos contra la Administración del Estado y la condena conlleve inhabilitación, aunque no sea firme. Sin embargo, desde Coalición Canaria se recalca que González Reverón debe mantenerse como alcalde hasta que se resuelva la apelación contra el fallo en la Audiencia Provincial.
Otro argumento es que la LOREG, cuya reforma es novedosa, no se ha aplicado aún a ningún cargo en España. Pero el caso es que la LOREG ya ha obligado al cese de al menos tres cargos públicos. Son los casos de Juan Manuel Baleato (PP), ex alcalde de Val do Dubra, en Galicia; de Miguel Martínez Múrez, ex concejal por el Partido Andalucista en el Ayuntamiento cordobés de Encinajero, y de Ramón Rodríguez Ares, alcalde del concejo de Sada, también en Galicia.
Rodríguez Ares esgrimió argumentos parecidos a los José Alberto González Reverón, pero a diferencia de Arona, el secretario municipal de Sada ha certificado la incompatibilidad del alcalde, cuyo cese se llevará a cabo la próxima semana, sin votación, según determina la Junta Electoral Central.