José Pérez Ventura va a proponer al colectivo de juristas Justicia y Sociedad, en cuyo nombre interpuso la denuncia por el caso García Cabrera, su ampliación “para que se investigue judicialmente no solo a Miguel Zerolo, sino también ”a otros funcionarios y concejales porque hay indicios suficientes de su posible implicación“. Y es más, los delitos se podrían ampliar a la malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El abogado, que se encuentra fuera de España, manifestó en una entrevista telefónica su satisfacción por el paso dado por el Tribunal Supremo, al impulsar el caso García Cabrera, que parecía en punto muerto, y afirmó estar seguro de que el magistrado del Supremo que investigará a Zerolo, Luciano Varela, “hará un trabajo minucioso, aunque en la fase de instrucción siempre se puede ampliar la denuncia, y es lo que voy a proponer a Justicia y Sociedad, además de que nos personemos en la causa”.
Aunque en la denuncia, que se interpuso en 2008, no se acusa a nadie de forma directa, son claros los indicios que recaen sobre Miguel Zerolo y el que era concejal en 2005 de Economía y Hacienda, con competencias en Patrimonio, Contratación y Personal, el socialista Guillermo Núñez “aunque no interviene en los últimos pagos a la empresa IMES, la que llevó a cabo las sospechosas obras de rehabilitación del Instituto García Cabrera que han dado lugar a esta causa”.
En la denuncia se señala asimismo la posible implicación de otros dos técnicos: Domingo Larraz, que elaboró dos informes contradictorios para proceder al abono de facturas a IMES, y el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Luis Prieto, que ratificó ambos informes.
Uno de esos textos señalaba en su punto cuarto que las obras que estaba llevando a cabo la mercantil IMES (Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento) como “pequeña reforma” ni “obras menores”, mientras que el segundo consideraba lo contrario. Y ambos contaban con idénticas firmas. El segundo se incorporó al expediente, el primero no. Las obras menores costaron más de seis millones de euros.
“Como en Las Teresitas”
Pérez Ventura explicó a CANARIAS AHORA, los siguientes pasos que se esperan con respecto a Zerolo. “El magistrado Varela remitirá al Senado un suplicatorio instando poder proceder judicialmente contra él. La Comisión del Estatuto del Senador lo evaluará, se someterá a Pleno, que con toda probabilidad lo aprobará, y se continuará la instrucción, que no debería durar mucho”, opinó.
Si se ampliase la lista de los imputados, sin que cuenten con la protección del aforamiento, “ocurrirá como en el caso de Las Teresitas, que se haría una pieza separada para la instrucción en el Supremo de Zerolo, y los demás deberían declarar en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife”.
“Han sido cuatro años desde que se interpuso la denuncia, y más vergonzoso es que se tardase dos años en su judicialización”, insiste. “De ahí que lleve tanto retraso”.
“En este asunto hay dos puntos muy importantes: que se creó una comisión de investigación que fue una estafa política, que nunca indagó en las posibles responsabilidades, y que el contrato de mantenimiento estaba vencido, luego las prórrogas eran ilegales, y se si se llevaron a cabo podría ser un trato de favores”.
Y si encima hubo sobrecoste en el contrato “sería malversación de caudales públicos”.
“Se puso la denuncia gracias a Odalys Padrón”
En realidad, el caso García Cabrera, que es otra muesca en la trayectoria judicial de Miguel Zerolo, con anuncio de sorpresas, no es para Pérez Ventura más que “la punta del iceberg de un modo de actuar, una forma de hacer, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con acuerdos verbales, como es el caso, y prescindiendo de todo proceso administrativo”.
“Si pudimos poner esta denuncia fue gracias a toda la documentación que nos aportó Odalys Padrón, que en ese mandato era concejal de Ciudadanos de Santa Cruz. ”Fue muy encomiable la titánica labor de Padrón en aquellos momentos“.