Los propietarios de una vivienda situada al lado de la antigua sede del Centro Canario Nacionalista (CCN) en la calle de La Rosa de Santa Cruz han pedido al Ayuntamiento que les pague 9.000 euros por los daños causados a raíz de un incendio que tuvo lugar en la madrugada del 29 de mayo de 2009.
Estos vecinos culpan a la excesiva cercanía de los contenedores de basura que ardieron de sus viviendas de los efectos que las llamas ocasionaron en su vivienda y sobre todo en su fachada cuyo arreglo ascendió a 6.560 euros. Pero además al tratarse de un inmueble situado en un enclave protegido con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de El Toscal tuvieron que solicitar una licencia de obra mayor cuyo coste ascendió a cerca de 2.200 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento ha rechazado esta petición al indicar que los hechos ocurridos tuvieron su origen en un acto vandálico y que por lo tanto quedan fuera de su responsabilidad.
Precisamente, el empresario Ignacio González Martín propietario del inmueble en el que se situaba la antigua sede del CCN y padre de Ignacio González Santiago, presidente de esta formación política, presentó en su momento una reclamación al Ayuntamiento junto con el resto de propietarios del edificio situado en la calle de La Rosa número 3 a través de la cual exigía el pago de una indemnización de 19.000 euros por estos mismos motivos.
En concreto, el empresario es propietario de la planta en la que se situaba la sede de la formación política por lo cual le correspondió el abono del 30% de la factura por el arreglo de los desperfectos en la fachada que originó el incendio, cantidad que ahora reclama que le sea devuelta. En este caso se acordó que la empresa responsable del servicio de recogida de basuras, Urbaser, elaborara un informe para determinar si la colocación de los contenedores se ajustaba a la normativa. Una vez hecho este estudio se decidirá si además los vecinos de la casa cercana que ahora han pedido esta reclamación también tienen derecho a percibirla.
El grueso de la petición se basa en que los contenedores estaban mal situados al ubicarse junto a una acera cuya anchura no supera el metro, lo que aumentó las consecuencias del incendio además del agravante de tratarse de edificios que tienen una especial protección. Lo cierto es que los depósitos de basura fueron retirados poco después y el CCN optó por buscarse una nueva sede. El presidente de este partido llegó a insinuar en un congreso que los hechos pudieron ser intencionados. “Hemos sobrevivido a un incendio y a una inundación”, en referencia éste último extremo a la rotura de una tubería, según recuerda uno de los antiguos miembros de la formación política. Las llamas no llegaron a entrar a las oficinas del CCN, pero las altas temperaturas y el hollín causaron daños, sobre todo en los equipos informáticos.
Estos desperfectos pudieron haber entorpecido las investigaciones policiales que en aquellas fechas se llevaban a cabo por supuesta financiación ilegal de la formación política dentro de una de las piezas separadas del caso de Las Teresitas y que se denomina Operación Ubara. Incluso la policía llegó a examinar las cámaras de seguridad que hay instaladas en el exterior de la sede central de CajaCanarias situada al lado de la antigua sede del CCN para identificar a los responsables del incendio pero no pudieron sacar ninguna conclusión a causa de los árboles que están situados en la plaza.
Los hechos se produjeron el 29 de mayo del año 2009 a las seis de la mañana cuando ardieron varios contenedores y tuvieron que ser desalojados los vecinos de este edificio, sin que nunca se pudiera concretar exactamente si lo ocurrido se debió a un acto de vandalismo callejero o en contra de la formación política. En el caso de los propietarios del edificio en el que estaba la sede del CCN se ha optado por acudir a los tribunales al acusar al Ayuntamiento de la colocación de los contenedores. La propia empresa Urbaser ha reconocido que “en efecto, el traslado implica reconocimiento del riesgo de daño que supone, en caso concreto de incendio, su anterior ubicación, muy cerca de un edificio catalogado y, por tanto, a proteger”, argumentó la concesionaria.
La propia empresa tendrá que elaborar ahora un informe en el que se especifique si efectivamente existe un riesgo “objetivable y previsible de despefectos o estragos para los edificios cercanos por la ubicación de contenedores a un metro o menos de distancia especialmente en caso de incendios”. En este informe Urbaser tendrá que concretar si hay antecedentes de esta eventualidad, siquiera como conato o pequeño incidente, en ese lugar o en otro de las cercanías, previsión de protección de edificios incluidos en el catálogo de Patrimonio histórico y sobre todo en casos como el mencionado. Igualmente, se deberán indicar por qué pese a la especial protección del entorno de El Toscal no se realizó un cambio de lugar de los contenedores antes del incendio.