El 66,7 % de los fondos del Plan de Desarrollo de Canarias que prepara el Gobierno regional para los próximos diez años con las partidas del extinto IGTE se destinará a infraestructuras productivas que no generen “más carga pública”, ha dicho este lunes su presidente, Fernando Clavijo.
En un desayuno organizado por los periódicos La Provincia y La Opinión en Las Palmas de Gran Canaria, Clavijo ha explicado los objetivos de este plan, fruto del acuerdo sobre el extinto impuesto general sobre el trafico de empresa (IGTE) alcanzado el pasado día 16 de noviembre con el Ministerio de Hacienda, con el que pretende generar 3.000 empleos anuales a corto plazo y 5.000 a largo plazo.
Clavijo ha subrayado que los fondos de este programa de inversiones e infraestructuras, dotado de 1.600 millones de euros en diez años, se destinarán además a la economía del conocimiento y a políticas activas de empleo centradas en los parados de difícil inserción, que asumirán ambas el 33,5% de su presupuesto.
La financiación pública se podrá sumar a los proyectos destinados a la investigación, el desarrollo y la innovación, así como a políticas activas de empleo, pero las infraestructuras se desarrollarán solo con fondos públicos, ha explicado Clavijo.
Ha incidido en que las actuaciones que se pongan en marcha estarán destinadas a la inversión productiva y al empleo, y que se estima que en el primer año de aplicación tenga un impacto sobre la economía del 0,7 % sobre el Producto Interior Bruto de Canarias (PIB), de manera que el archipiélago termine 2016 con un aumento del 3,5%, dado que la previsión es del 2,8%.
Se calcula que el retorno de estas inversiones a través de los impuestos rondará el 60 %, ha señalado Clavijo, quien ha dicho que en el primer año la dotación económica será de 194 millones de euros, ya que a los 160 millones se sumarán otros 33,4 millones que corresponden de una deuda previa con el Estado.
Clavijo ha recalcado que se trata del primer plan que puede desarrollar Canarias sin depender de otras administraciones y con recursos que se pueden ampliar con aportaciones de los cabildos y ayuntamientos para acometer objetivos concretos, que además está abierto a aportaciones por parte de los agentes sociales y económicos y, sobre todo, sujeto a cambios para asegurar su efectividad.
El presidente además ha dicho que los cabildos, de manera consensuada con los ayuntamientos, serán quienes establezcan las prioridades de los proyectos a llevar a cabo en cada una de las islas, si bien ha dejado claro que “la última palabra la tendrá el Gobierno”.
Así mismo, ha hecho hincapié en que se definirá el impacto del desarrollo del plan mediante una serie de indicadores, y que su evolución será supervisada por el Parlamento, el Consejo Económico y Social y las universidades. Al margen de los controles que llevarán a cabo anualmente con cabildos y ayuntamientos, se procederá a dos evaluaciones, una en 2019 y otra a su término, en 2015.
Como ejemplo de los posibles proyectos que pueden ser financiados por este plan, Clavijo ha citado la red de guaguas de alta capacidad (BRT) de Las Palmas de Gran Canaria, el saneamiento de La Graciosa, el eje viario norte-sur de Fuerteventura, obras portuarias en Lanzarote, el anillo insular de Tenerife, el complejo medioambiental de La Gomera, el puerto de La Restinga en El Hierro o la carretera de acceso al Roque de los Muchachos en La Palma.