Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) pedirán defender el futuro de su empresa “al conjunto de la sociedad” en una manifestación a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria el día 23 y denunciarán ante la fiscalía al Gobierno si persiste en hacer en ella un ERE.
Y es que, de aplicarse en el ITC un expediente de regulación de empleo tras una despatrimonialización que consideran “premeditada”, “se incurriría en un delito” por parte del Ejecutivo, ha afirmado este lunes el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, al informar de las acciones programadas en respuesta a la postura del Ejecutivo.
En una rueda de prensa donde el presidente del comité intercentros del ITC, Héctor Mendoza, ha tachado de “absolutamente falso” el anuncio de que los trabajadores rompieron la negociación sobre su futuro y ha acusado al Ejecutivo de “enturbiar todo el proceso” con sus pronunciamientos al respecto, Moreno ha insistido en que los planes del Gobierno perjudicarán a toda Canarias.
Como argumento, ha sostenido que el ITC es una de las pocas entidades que puede contribuir a hacer realidad el desarrollo de nuevos sectores económicos en las islas que permitan alcanzar el repetido objetivo de la diversificación.
Por ello, ha indicado que la actitud del Gobierno constituye “un disparate” y que solo puede justificarse porque se deba a razones ajenas a las que se aluden.
En esa línea, el sindicalista ha opinado que lo que ocurre con dicha empresa pública solo puede obedecer a dos causas: o a “un conflicto de intereses entre los dos partidos socios del Gobierno”, Coalición Canaria y PSOE, o a un propósito de los miembros del Ejecutivo de rebajar la inversión de fondos para investigación que se hace en el ITC para “repartir ese dinero entre sus afinidades”.
Las palabras de Pedro Moreno han sido secundadas por Héctor Mendoza, quien ha acusado a los responsables de la Comunidad Autónoma de haber actuado “con poca buena fe” a lo largo de todo el conflicto que han mantenido con los trabajadores del ITC.
En especial porque, según ha asegurado, los representantes de esos empleados habían presentado una propuesta de reducción de costes, basada sobre todo en “el esfuerzo salarial” de ellos mismos, en el mismo día en que desde el Ejecutivo se anunció que habían roto las negociaciones.
Una propuesta que Moreno ha precisado que conllevaba un ahorro de 1.200.000 euros, superior a la rebaja de costes que se alegaba que era precisa desde la dirección de la entidad, de 1.100.000 euros, en 100.000 euros.