Los plenos celebrados este viernes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo insular han aprobado una declaración conjunta de rechazo a la instalación de la planta de gas proyectada por la empresa Totisa Holdings en el Puerto de La Luz.
En el caso del Ayuntamiento, la declaración ha saludo adelante con los votos del grupo de gobierno y en ella se rechaza la instalación de dicha planta “por sus efectos negativos para la sostenibilidad, la seguridad y la salud”. Esta misma semana también el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas rechazó la instalación de esta planta por sus efectos nocivos sobre la salud de las personas.
La declaración indica que “la construcción de una planta de almacenamiento y regasificación como la propuesta por la empresa Totisa Holdings no satisface ninguna necesidad de las personas que viven en la isla y mucho menos para quienes viven en la ciudad, obedeciendo exclusivamente a intereses económicos de la empresa”.
Por su parte, agrega que los análisis realizados por el Consejo Insular de la Energía señalan que la planta podría contribuir a generar un aumento de hasta 12 veces en las emisiones de CO2 al pasar de 25.884 toneladas anuales a más de 304.780.
Con estos datos, continúa la declaración, además de las fugas de metano, un gas con efecto invernadero más potente que el CO2, podrían invalidar cualquier supuesto beneficio medioambiental de la planta.
Otro de los puntos que se incluyen en el acuerdo conjunto es que desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias se ha alertado de que estas emisiones pueden incrementar la prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la población, al tiempo que la planta “podría representar un riesgo de accidentes graves debido a su proximidad a otras instalaciones industriales peligrosas”.
De esta manera, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria, ante esta situación, instan al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, a desestimar la autorización administrativa del proyecto de la planta de gas.
Asimismo, instan al Ejecutivo regional y a Puertos del Estado a que analicen y prioricen alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno, como el fortalecimiento de la red eléctrica actual para abastecer las necesidades del Puerto de la Luz y Las Palmas, y el fomento de tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas.
PSOE y NC apoyan la declaración en contra de la planta, CC y PP se abstienen y Vox vota en contra
El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, instará al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, a desestimar la autorización administrativa del proyecto. Así lo aprobó el pleno, a iniciativa de Nueva Canarias-Bloque Canarista y el Partido Socialista Canaria- PSOE, con la “voluntad de dejar claro el rechazo a la instalación de esta planta en el recinto portuario, en defensa de la salud pública y del compromiso con un modelo energético sostenible y limpio”. La propuesta salió adelante con los votos favorables de los dos grupos que conforman el Gobierno insular, la abstención del Partido Popular y de Coalición Canaria y el no de Vox
Del mismo modo, se decidió solicitar tanto al Gobierno de Canarias como a Puertos del Estado que se analicen y prioricen alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno, como el fortalecimiento de la red eléctrica actual, para abastecer las necesidades del Puerto de la Luz y Las Palmas, y el fomento de tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas.
Asimismo, declara que el Cabildo de Gran Canaria ha avanzado en sus esfuerzos de descarbonización y apunta a impulsar, en el futuro inmediato, el uso de combustibles sostenibles y la electrificación de sus puertos, amén de que la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria y las metas de la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional destacan la importancia de apostar por soluciones de energía limpia, como el hidrógeno, el amoniaco y el e-metanol, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Por último, asegura que este proyecto contradice los esfuerzos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la calidad ambiental de sus espacios urbanos y ser cada día una ciudad más verde y sostenible, para lo que está impulsando proyectos de corredores verdes, como el de Tamaraceite-Ciudad Alta, el Plan director de Infraestructuras Verde-Azul y el Bosque de La Dehesa, para renaturalizar la ciudad, mejorar la biodiversidad y aumentar las zonas verdes para la ciudadanía.
Una central en disputa
Desde hace unas semanas, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, científicos y algunas administraciones públicas han agrupado y reiterado su rechazo como nunca lo habían hecho contra la iniciativa, que en estos momentos se encuentra en el proceso de evaluación ambiental y estaría a pocos meses de conocer si finalmente sale adelante. Sus detractores consideran que, en caso de recibir la luz verde, frenaría la transición energética de Gran Canaria y aumentaría la contaminación. Su promotor opina todo lo contrario.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas autorizó la solicitud de Totisa y el Ejecutivo canario acordó tramitar el expediente, de una ocupación de poco más de 50.000 metros cuadrados y una inversión inicial de 35 millones de euros, a través de una evaluación ambiental simplificada que finalmente pasó a ser ordinaria tras advertirse de posibles “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”. Eso fue en octubre de 2022. Hasta la fecha, aún no hay resolución.
El plan de Totisa cuenta con dos patas. Por un lado, la empresa ha proyectado la instalación de una estación marina capaz de recepcionar y suministrar gas natural licuado a buques y, por otro, una planta de generación eléctrica en tierra de 70 MW con una mezcla principal de gas natural y algo de hidrógeno que proporcionará electricidad al propio puerto y también a la red de consumo general.
La reducción de la polución prometida por la empresa es de hasta un 30% en dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del calentamiento global. Pero esta rebaja no detalla cuánto emite anualmente el Puerto de Las Palmas ni cuánto lo hará con la nueva instalación. Es tan solo un porcentaje recogido en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, elaborada por Rosendo López, un biólogo que dimitió como presidente del órgano ambiental de Adeje en octubre del año pasado semanas después de que conocerse que, a la vez que ostentaba ese cargo, asesoró a la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife.
El plan de Totisa también ha sido confrontado desde el minuto uno por Salud Pública, que ha emitido hasta cuatro informes desfavorables sobre la planta. Los documentos de la empresa apuntan que la central va a emitir por cuatro chimeneas de hasta 25 metros una media de 0,22 miligramos por metro cúbico (mg/m3) de monóxido de carbono cada ocho horas y un promedio máximo de 169 mg/m3 de dióxido de nitrógeno cada hora. Dicen que su impacto es “compatible” con el entorno, pero los técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) no lo tienen tan claro.
En uno de sus informes, Salud Pública reprocha a la compañía no incluir en sus estudios otros contaminantes, como el metano, el dióxido de carbono y el material particulado generado por la combustión de gas natural, normalmente inferior a un micrómetro. Afirma que en el punto donde pretende construirse la planta, los vientos no se dirigen hacia el Océano Atlántico de forma habitual, sino a la población de Las Palmas de Gran Canaria “la mayor parte de los días del año”. Y que eso va a suponer un “impacto local permanente para la ciudad”.