Podemos ha forzado que se vuelva a celebrar una reunión de la ponencia de la Ley canaria de Menores Robados, después de que esta comisión se haya celebrado este lunes sin que el diputado Manuel Marrero, impulsor de la norma, se encontrara presente.
El diputado explica que tanto él como Luis Campos (NC) no han podido asistir a a la ponencia al encontrarse en la comisión de Política Territorial sobre la Ley de Islas Verdes. Esta comisión estaba prevista para las 10.00 horas pero se retrasó después de que el nacionalista Antonio Castro presentara varias enmiendas.
El resto de grupos en la comisión de la ley de menores robados, cuyos integrantes no tenían que hacer doblete en otra reunión, celebraron la comisión a pesar de que no se encontraban ella ni el diputado de NC ni el impulsor de la norma, Podemos.
No obstante, finalmente han decidido celebrarla esta semana después de que la formación morada se quejara. El diputado Manuel Marrero explica que esta ley, inédita en España, va a resultar aprobada en esta legislatura. De hecho, señala que su grupo ha adaptado los artículos que el Consejo Consultivo alertó de que no eran constitucionales para que pueda salir adelante.
El parlamentario subraya que ni NC ni PSOE han presentado enmiendas a la misma y que PP, ASG y CC sí que las han presentado. No obstante, asegura que este martes o miércoles tendrá lugar una reunión con todos los grupos para que se informe de lo que se ha puesto de manifiesto este lunes y la idea es que la norma llegue al próximo pleno del Parlamento.
Los grupos del Parlamento de Canarias accedieron el pasado mes de enero a tramitar por vía de urgencia y lectura única la proposición de ley de menores en desaparición forzosa para que pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura.
La formación morada decidió presentar una ley sobre los menores robados después de que estos casos no se incluyeran en la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Una de las medidas que ha planteado el grupo con esta norma es la necesidad de contar con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para la investigación de los casos y que la Iglesia Católica dé permiso para consultar sus archivos y los de sus instituciones.