Podemos reclama la creación de un plan de emergencias para “las aguas archipiélagicas”

La diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados, Meri Pita, ha preguntado al Gobierno de España sobre “la existencia de un plan de seguridad concertado” con Canarias para actuar en caso de emergencia en la zona económica exclusiva española en el Atlántico que circunda el archipiélago.

En la pregunta, el grupo parlamentario ha pedido al Ministerio de Fomento, a través de su portavoz en la Comisión de Fomento, la creación de un centro de investigación que realice un seguimiento medioambiental y geográfico para una zona “vital” como es el archipiélago canario y que, entre sus funciones, coordine planes de emergencia ante catástrofes.

Ante ello, la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, ha explicado que los actuales planes e “instrumentos” del Ministerio de Fomento “para dar una respuesta ágil” a las emergencias marítimas, entre ellas por contaminación, son “eficaces” y contemplan medidas de coordinación con otras administraciones.

Pita ha añadido que la “vital necesidad” de estos planes se puso de manifiesto el pasado mes de agosto con el Cheshire, un barco cuya carga de fertilizantes ardió el 12 de agosto a 60 millas de Canarias, mientras “el gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma discutían sobre a quién le correspondía actuar”.

“Lo que se puso en riesgo”, subrayó la diputada, “son nuestras aguas que no solo son un factor identitario para nuestro pueblo, sino que utilizamos para nuestro desarrollo vital, nosotras en las isla desalamos, la utilizamos para nuestra agricultura; pescamos, nos bañamos y disfrutamos de ellas: nosotras y los que visitan Canarias. Y ustedes saben que nuestra economía es absolutamente dependiente en estos momentos del sector turístico”.

La diputada incidió en el “bochornoso espectáculo” del Cheshire, que se produjo, a su juicio, por “la falta de regulación que existe sobre las aguas archipielágicas”, que “sin ninguna duda ha dejado a Canarias en una situación de extrema debilidad”.

Sin embargo, Librero considera que la respuesta que dio el Gobierno al incidente con el carguero británico fue “eficaz” porque el Cheshire “nunca llegó a entrar en aguas territoriales españolas, sino internacionales”. Además, añade que se cumplieron con los protocolos establecidos y las comunicaciones pertinentes con el Gobierno de Canarias.

“¿Cómo protegernos?, reclamando nuestras aguas”

La diputada de Podemos considera que “las cosas se han hecho mal desde el principio porque España no ha sabido ni ha querido defender la aplicación en Canarias del Principio Archipielágico definido en la sucesivas convenciones que han organizado las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar”.

Así, las únicas aguas sobre las que Canarias tiene aseguradas competencias son sus Aguas Interiores (las que van de un extremo a otro de una misma isla) y su Mar Territorial, que en total suponen 12 millas alrededor de cada isla. El resto de las aguas, hasta alcanzar las 200 millas en el caso de la Zona Económica Exclusiva y las 350 si se amplía a la Plataforma Continental, se encuentra sin ningún tipo de protección.

“¿Cómo protegernos?, reclamando nuestras aguas”, considera Pita: “La suma de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma continental es lo que denominamos las Aguas Archipielágicas, y las reclamamos en cumplimiento de la III Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, que decretó el Principio Archipielágico, que reconoce la integridad, cohesión y derecho de los Archipiélagos con plena autonomía para disfrutar del acceso, gestión y protección de sus Aguas y los recursos naturales que en ellas se encuentran”.

“Esta solución es la aceptada internacionalmente. Y solo se dará cuando se reconozca a Canarias como Archipiélago con plena autonomía, tema que Podemos ha planteado en las enmiendas al Estatuto de Canarias aún sin debatir en la Cámara”, ha asegurado.

La diputada también ha defendido la creación de un Observatorio Internacional de las Aguas Archipielágicas, entre cuyas funciones estaría la implementación de un sistema de detección y vigilancia ambiental, además de redactar con urgencia planes coordinados “para actuar eficientemente cuando se vuelva a producir una emergencia”.