Operación Góndola
El Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), en sesión celebrada el pasado 3 de julio, ha resuelto nombrar como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Santa Cruz de Tenerife, a Salvador Iglesias Machado, que ha sido hasta hace unos días jefe de Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín.
El acuerdo de del CGPJ, de mayoría conservadora, resuelve un concurso convocado por acuerdo del pleno del pasado 31 de enero de 2007 para provisión de plazas de magistrado suplente y de juez sustituto en el año 2007/2008, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias. El anuncio se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado.
Junto a Salvador Iglesias Machado, el CGPJ ha nombrado a otros ocho magistrados suplentes en el TSJC, cuatro de ellos en la sede de Las Palmas de Gran Canarias y el resto en Santa Cruz de Tenerife.
Iglesias está siendo investigado por el juez Alexis Reyes, de San Bartolomé de Tirajana, en el marco de la Operación Góndola. Según fuentes conocedoras de la investigación, el nuevo magistrado del TSJC aparece en varias ocasiones hablando con el empresario Santiago Santana Cazorla de las camas turísticas que éste reclamaba al Gobierno le fueran concedidas en la urbanización Anfi Tauro, en Mogán. Santana Cazorla fue detenido en el primer operativo de la investigación y las camas, finalmente autorizadas en el tramo final de la legislatura.
Si a lo largo de las investigaciones el juez encontrara indicios de delito en las actuaciones de Salvador Iglesias deberá remitirlas al alto tribunal canario por tratarse desde ahora de una persona aforada.Así ocurrió en febrero pasado, cuando el juez Reyes remitió al TSJC un auto con las averiguaciones que relacionaban al empresario detenido con el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel. El TSJC no encontró indicios de delito en la actuación de ambos aforados, a pesar de la existencia de varias conversaciones telefónicas en las que el empresario -que tuvo sus teléfonos intervenidos- y los políticos hablaban claramente de la concesión de las camas turísticas que el promotor les exigía de modo elocuente. El alto tribunal canario tardó seis días en dar carpetazo a la investigación y un varapalo al juez.
El TSJC también dictó recientemente auto de archivo de la denuncia interpuesta por un particular contra el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria (PP), por haber mentido en una comisión de investigación parlamentaria, la referida al concurso eólico, en el que hay empresarios y altos cargos del PP pendientes de acudir a juicio con jurado popular.
El TSJC es el tribunal que no estimó la denuncia de El Rincón sobre el convenio y la compraventa de las parcelas de Las Teresitas, que posteriormente fue aceptada por el Tribunal Supremo (que falló a favor de la organización ecologista, anulando la operación de compraventa), o que la semana pasada impuso las costas a otra organización ecologista, ATAN, que presentó un recurso instando la paralización de las obras hasta que no se establezca el deslinde de la dominio público marítimo-terrestre.
Por esta operación de Las Teresitas está siendo investigado, entre otras diez personas, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.